El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), general Octavio Romero, señaló ayer que 89 militares en servicio activo cumplen actualmente funciones en la Corporación Aduanera Ecuatoriana y otras entidades del sector público.

La participación de los militares en las instancias del Estado, dijo Romero, no es nueva, respecto de las críticas de los socialcristianos sobre su presencia en las empresas estatales.

El oficial recordó, además, que varios gobiernos solicitaron el respaldo profesional de los militares en servicio activo y la actual administración también lo hizo. “El Gobierno evaluará si nuestra presencia continúa o no en estas instituciones”, añadió.

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Sin embargo, Romero aclaró que los uniformados que ocupan cargos públicos están en comisión de servicios y se rigen a las disposiciones civiles, incluso en el caso de que cometan irregularidades en el ejercicio de su cargo.

En este sentido, Romero indicó que el presidente ejecutivo de Pacifictel, capitán Mauricio Galindo, implicado en las supuestas irregularidades en la firma de un contrato de seguros para la telefónica, debe sujetarse a la justicia común.

No obstante, aclaró, si las instancias civiles determinan responsabilidades, el caso pasaría a la justicia militar.

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Romero, quien convocó ayer a una rueda de prensa, expresó también que las FF.AA. acatarán las decisiones del poder civil, sobre la posibilidad del derecho al sufragio de la fuerza pública.

“Se ejecutarán las decisiones que se tomen en el campo político”, insistió.