Si se aprobara el sufragio para la fuerza pública, la Ley de Elecciones deberá reformarse en varios artículos.

El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no analiza la propuesta del presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, sobre el derecho de la fuerza pública (Fuerzas Armadas y Policía) a ejercer su voto en los procesos electorales, que consta en su proyecto de reforma política.

El presidente de este organismo, Nicanor Moscoso (Prian), aseguró ayer que será el Congreso Nacional el que realice las reformas necesarias para que militares y policías puedan ejercer el sufragio.

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“Nosotros en ese tema no tenemos nada que ver”, puntualizó Moscoso.

En caso de que se acepte la propuesta del Jefe de Estado, el Parlamento deberá reformar el artículo 4 de la Ley de Elecciones, referente al derecho al sufragio, que prohíbe votar a quienes no consten en los padrones electorales y a quienes sean miembros de la fuerza pública en servicio activo.

Además, no está claro qué pasará con las actuales funciones de los uniformados durante las elecciones, ya que el “Tribunal Supremo Electoral dispondrá que la fuerza pública colabore para garantizar la libertad y pureza del sufragio”, como establece el artículo 18 de la Ley de Elecciones.

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La Constitución de la República, en su artículo 185, dice que la fuerza pública será obediente y no deliberante, es decir, que sus miembros no pueden intervenir en las decisiones políticas del país.

En naciones como Chile y Argentina, la participación de militares y policías en las elecciones es considerada como un ejercicio normal de ciudadanía.

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El embajador chileno en Ecuador, Nelson Hadad, manifestó que en su país los militares intervienen en los procesos electorales desde 1980, a raíz de la reforma política planteada por el ex dictador Augusto Pinochet.

“En Chile nunca se ha debatido sobre la conveniencia o no de que los miembros de la fuerza pública voten. En mi país, ellos son ciudadanos que ejercen sus derechos libremente como cualquiera”.

Hadad explicó que los militares toman el control de los recintos electorales 48 horas antes de la elección, para garantizar la transparencia del proceso.

Una vez definido su plan de acción, los uniformados sufragan en sus respectivas jurisdicciones “sin presión de ningún tipo”, aseguró.

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Gonzalo Torres, consejero de la Embajada argentina, agregó que, en su país, los militares siempre han ejercido su derecho al voto.

El funcionario puntualizó que en Argentina los miembros de la fuerza pública son considerados como ciudadanos libres para ejercer sus derechos constitucionales.

SOLDADOS
PAPELETAS
En las elecciones del 20 de octubre del 2002 el Instituto Geográfico Militar de las FF.AA. imprimió 49 millones de papeletas, a un costo de 1,8 millones de dólares, de acuerdo al contrato firmado con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyos fondos salen del presupuesto electoral.

INFORMACIÓN
La colaboración de las FF.AA. en el proceso electoral también estuvo en la participación de dos militares y un civil en las 400 mesas de información electoral que se instalaron para la primera vuelta del 2002.

RESGUARDO
En los comicios del 2002, 16.575 militares, entre oficiales y soldados de tropa, fueron movilizados por las tres ramas de las Fuerzas Armadas para resguardar el proceso electoral en cinco provincias de la Costa.

FRONTERA
La brigada Napo destinó 1.061 militares al proceso.