Varios expertos en Derecho han demostrado que eso implicaría atropellar procedimientos, por lo que la opinión pública deberá estar atenta para que en este asunto se cumpla con lo que dispone la ley.

El incidente deja en claro, una vez más, lo inadecuado que resulta que los militares se involucren en tareas que deberían ser atendidas exclusivamente por civiles.

Las Fuerzas Armadas, en los estados modernos, poseen el monopolio de las armas de fuego; a cambio de eso, se espera que sus integrantes no intervengan en las instituciones encargadas de asuntos civiles.

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De ese modo se establece un delicado equilibrio, que si se rompe, provoca inestabilidad, poniendo en riesgo no solo al gobierno de turno sino, en general, al conjunto de las instituciones democráticas.

Los militares en los cuarteles y fronteras; los civiles, en la administración del Estado: cualquier otro esquema termina, como en el caso de Pacifictel, con peticiones que solo provocarían sonrisas si no fuese porque nos recuerdan el lamentable deterioro de nuestra institucionalidad.