La decisión fue tomada en sesión extraordinaria por el Directorio del CNT, con sede en Quito, la noche del pasado lunes. La Defensoría del Pueblo pidió que se derogara una resolución del  CNT, emitida el  13 de diciembre del 2001 y  ratificada el 2 de octubre del 2003, que establecía una “tarifa diferenciada” para la provincia.

De hecho, el representante de la Defensoría en Guayas, Franklin Moreno, estuvo en la cita. Él dijo ayer que los usuarios del transporte público de los 28 cantones de la provincia ya  no deben pagar ningún valor adicional. Eso -aseguró- violaba  la Ley de Tránsito, que en su artículo 140 establece que el seguro deben asumirlo los  transportistas y sus cooperativas.

El director ejecutivo del CNT, Alejandro Albán, contactado ayer vía telefónica por este Diario, no dio más detalles del tema. “Esto debe ser ratificado el  viernes próximo por el Directorio (integrado por doce miembros). No ha sido elevado aún a resolución”. Pero la tarde de ayer, en las oficinas de la Defensoría de Guayaquil, Moreno dio una rueda de prensa junto a los transportistas para anunciar una supuesta victoria.

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El cobro de la tarifa diferenciada era un proyecto del Consejo Nacional de Tránsito que debía regir por seis meses (hasta el 2 de junio, próximo) en Guayas. Luego de ello, el CNT -tras un informe que debía presentar la Comisión de Tránsito, CTG-  definiría si continuaba o no y si se aplicaba a las otras 21 provincias del país.

Pero el sistema tuvo problemas desde su inicio. Incluso, los transportistas del norte acusaron a Segutrans, un consorcio de 11 aseguradoras que crearon el proyecto Mi Segurito, de monopolio. Isidro Ycaza, presidente de Segutrans, calificó ayer de “grave” el fallo del CNT. “No quiero opinar nada aún.

No hemos sido notificados, solo conocemos la noticia de forma extraoficial”.

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El seguro propuesto por el CNT en la resolución anulada establecía indemnizaciones de $ 40 hasta 4.000 dólares. La CTG informó ayer que las 73 cooperativas de transporte urbano ya habían adquirido las pólizas, pero no todas cobraban (en su caso) los $ 0,02 adicionales. Sí lo hacían, en cambio, las 34 cooperativas que firmaron contratos con Segutrans y sus unidades daban un tique al pasajero. Este era el único documento válido para reclamar las indemnizaciones en caso de accidentes.