CSJ no avanza en proceso de elección de magistrados

Al asumir sus funciones el 7 de enero anterior, Quintana ofreció trabajar para conseguir consensos entre los dos sectores identificados en la Corte (PSC y centroizquierda) y determinar la mecánica de la elección de las vacantes de las salas Penal, Civil y Contencioso Administrativo.

Pero ya han pasado 60 días desde su elección y no se han registrado reuniones oficiales de las comisiones mediadoras, encargadas de buscar acuerdos para reunir los 21 votos que requiere la designación, y escoger a los más opcionados de entre los 65 candidatos que participaron en la cooptación.

El problema, según el magistrado Jorge Andrade Lara (centroizquierda), conjuez principalizado en la Segunda Sala de lo Penal de la CSJ, es que persiste la influencia política y la falta de transparencia para designar a la persona que ocupará el cargo en esta sala.

Según el ministro, la elección se facilitará cuando el bloque cercano al Partido Social Cristiano (PSC) “piense en el Ecuador, en la CSJ y no en un partido político y en un candidato afín a su agrupación”. “Si yo soy el obstáculo para designar a mi reemplazo, será porque no cedo a intereses políticos y peleo porque venga un independiente a ocupar el cargo”, añadió el juez Andrade.

El funcionario considera que debe cumplirse con el proceso, aunque no descartó que el pleno retroceda y proponga una nueva elección, para destrabar la iniciada.

Según el magistrado Carlos Riofrío (PSC), es inconcebible que el grupo de minoría (centroizquierda) en la CSJ intente “botar al traste y boicotear el proceso iniciado y que ellos mismos plantearon”.

Esto tendría como objetivo, dijo, permitir la participación de los candidatos descalificados anteriormente, como el magistrado Jorge Andrade Lara, cuya eliminación –comentó– ha sido un obstáculo para avanzar en la elección.

Pese a que no existe ninguna resolución en firme, Bolívar Vergara (independiente)  no descartó que se declare desierta la elección como una alternativa para destrabar las designaciones, fundamentalmente en la Sala Penal.

“La opinión pública o los organismos de la sociedad civil pueden plantear la situación que vive el proceso iniciado, y surgir de ellos o de los magistrados alguna posición nueva, para incluir nuevas opciones de candidaturas”, dijo.