El progresivo aumento de la inmigración en España, donde viven 1,64 millones de extranjeros y hasta un millón de irregulares según diversas fuentes, divide la posición de los partidos políticos de cara a los comicios del 14 de marzo entre quienes predican mayor permisividad y los que quieren más control.
España pasó de ser un país emisor de emigración hasta mediados del siglo XX, a ser un país receptor de inmigrantes, cuyo número creció de 538.984 extranjeros (1996) a 1,64 millones (2003), según el Ministerio del Interior.
A los legales habría que añadir otro medio millón de inmigrantes clandestinos, según organizaciones sindicales. Aunque otras cifras de asociaciones de inmigrantes se elevan hasta a más de un millón.
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Más de la mitad de los inmigrantes presentes en España son latinoamericanos (514.485), encabezados por ecuatorianos y colombianos, seguidos por los africanos (432.662), y en primer lugar marroquíes, los cuales a la vez también constituyen la nacionalidad con mayor número de inmigrantes presentes en el territorio español, seguidos por los ecuatorianos.
La clase política española, siguiendo las recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), está de acuerdo en que el flujo de inmigrantes es necesario para seguir manteniendo el nivel actual de la economía, pero las diferencias surgen a la hora de ordenar los flujos migratorios y las medidas frente a la cifra de inmigrantes clandestinos.
“La inmigración juega un papel fundamental en nuestra economía”, reconoce el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que propone “formular un pacto de Estado sobre la inmigración”.
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La política migratoria “necesita ser lo bastante flexible como para permitir que los inmigrantes ilegales, cuya presencia se acepta de hecho, puedan obtener permisos de trabajo”, afirmó la OCDE en un estudio sobre la economía española.
“Haremos de la integración de los inmigrantes legales el objetivo prioritario de la política de inmigración en nuestro país”, asegura el programa del Partido Popular (PP, derecha) de José María Aznar, que sigue poniendo el acento en “el reforzamiento de los controles fronterizos” y en la “repatriación inmediata de aquellos extranjeros que accedan de manera ilegal a nuestro país”.
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Según cifras oficiales, en el 2003 fueron repatriados 92.679 inmigrantes clandestinos, la mayoría de ellos rumanos y marroquíes.
En su lucha contra la inmigración ilegal, el ejecutivo de Aznar reformó la Ley de Extranjería hasta en tres ocasiones desde el año 2000.
La última reforma, aprobada en mayo de 2003, introdujo la obligación para las compañías de transporte aéreo, de comunicar sus listas de pasajeros a las autoridades españolas. Según la nueva ley se otorgará un visado que sirve de permiso de trabajo y/o residencia, que se concede “a quien obtenga antes una autorización para vivir o trabajar”.
Aznar defendió las últimas decisiones de la Unión Europea (UE) de restablecer el visado para países como Ecuador y Colombia.
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