En estos días se cumple el primer aniversario de la interconexión eléctrica con Colombia. Coincide con el viaje a Bogotá que tiene programado el Presidente de la República. En la agenda a tratar con el presidente Uribe, uno de los puntos más salientes será, suponemos, la profundización de la integración eléctrica, que ha incidido en la mayor seguridad en la provisión de energía y menores tarifas para los usuarios de ambos países.

Como Colombia tiene hoy en día un excedente en generación eléctrica, la compra a ella nos significa evitar los apagones: si no fuera por la interconexión, quizás en estos momentos estaríamos a oscuras. Además, como en Colombia la energía es más barata que en el Ecuador, la compra incide positivamente en la reducción de las tarifas eléctricas para los consumidores ecuatorianos.

Sin embargo, quienes hace más de un año negociaron el acuerdo aceptaron un sistema de compra-venta propuesto, sin duda, por los colombianos, que significa que cuando nosotros necesitamos electricidad, se las compramos a 7¢ el kilovatio, pero cuando ellos necesitan la nuestra nos pagan 2 ¢ (valores aproximados). Siempre supimos que ellos son mejores negociantes.

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El presidente Gutiérrez habrá ya estimado firmar con Colombia un acuerdo que permita un comercio eléctrico mucho más abierto y equitativo. Esencialmente, el planteamiento debe ser que los organismos eléctricos de los países pongan en marcha el mecanismo dispuesto por la decisión 536 de la Comunidad Andina de Naciones, que data de fines del 2002. En dicha decisión se estipula que “los países miembros permitirán la libre contratación entre los agentes de mercado de electricidad de los países... sin establecer restricciones... adicionales a las estipuladas en los contratos para los mercados nacionales”, y “asegurarán condiciones competitivas en el mercado de electricidad... evitando prácticas discriminatorias y abusos de posición dominante”.

Basta esta disposición para que mañana la empresa que da energía a Guayaquil, o a Quito, o a Cuenca, o un gran consumidor, pueda adquirir electricidad de las generadoras de Medellín, Bogotá o Cali, a un precio equivalente al que estas colocan en su mercado interno. La única limitación será la capacidad de transporte por la línea de interconexión, que deberá ampliarse.

La principal consecuencia de esta más amplia integración eléctrica será una tarifa más baja para las distribuidoras ecuatorianas. Con lo cual les será más fácil cumplir con sus pagos al Estado, reduciendo el subsidio que hoy el gobierno central debe conceder al consumo de electricidad, así como aplicar una tarifa más baja a los consumidores.

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Por su parte, las generadoras colombianas estarán felices de haber ganado clientes, aumentar su facturación y con ello sus utilidades. A futuro, podrá también incorporarse a este esquema al Perú, que tiene un gran potencial de generación eléctrica de bajo costo en base al gas descubierto en la región amazónica.

Por último, si el Ecuador logra reestructurar su sistema eléctrico, atrayendo inversión para la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas, en un plazo de pocos años el país podría tener un excedente exportable de energía eléctrica barata, y el comercio eléctrico bilateral sernos positivo y no negativo. En caso de que Colombia deje de invertir en nuevas centrales hidroeléctricas y, por lo tanto, pase a ser deficitaria, serían los consumidores colombianos los que se beneficiarían de tener una mayor seguridad eléctrica.