Los nocivos efectos del Plan Colombia fueron denunciados entre el miércoles y jueves, durante el 35º Congreso de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que se realiza en esta ciudad, con la participación de 150 países.

Gilberto Arlan, representante de la comunidad de Kuankuamo, de Sierra Nevada de Santa Martha, denunció que el fondo previsto en el Plan Colombia para crear empleo “es manejado por los paramilitares y organizaciones no gubernamentales que atacan a las poblaciones indígenas. Las fumigaciones en contra de los sembrados de droga también han perjudicado a las comunidades y de una variedad de 16 mil plantas medicinales que existían han quedado en siete mil”, manifestó.

Pero lo insólito y grave, dijo, “es que las grandes extensiones de los cultivos de los cocaleros no son fumigadas; por ello, pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos que impidan que el Plan Colombia se meta en las comunidades”.

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Luis Guillermo Pérez, secretario general adjunto de la FIDH, afirmó que las quejas y las resoluciones del Congreso en contra del Plan Colombia serán enviadas a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Europea (UE).