Los comuneros se niegan a la explotación de crudo en su territorio y buscan respaldo exterior.

El conflicto que mantienen los comuneros de Sarayacu con la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), por los trabajos de explotación petrolera en el bloque 23, se reactivó en esta semana tras el pronunciamiento de líderes y organismos de derechos humanos sobre este caso, así como la visita de representantes de organizaciones ecologistas internacionales.

Esta situación ha provocado enfrentamientos entre comuneros, trabajadores petroleros y policías, con saldo de heridos, detenidos, secuestrados y pérdidas materiales.

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El pasado miércoles, en Puyo, miembros de organismos ambientalistas internacionales se reunieron con dirigentes de esta comunidad indígena.

Bill Twist, presidente de la alianza Pachamama, de Estados Unidos; Randy Hayes, fundador de Rainforest Actino Network; Mike Brune, director de Rainforest Network; Herman, ONG ambientalista alemana; Larry Lohmann de Inglaterra, de la ONG Cornerhouse y David Eliot, de la fundación Pachamama, también visitaron la zona que corresponde al bloque 23, ubicado en la cuenca del río Bobonaza.
Mike Brune dijo que el objetivo es apoyar a Sarayacu. “Hemos observado en los últimos 50 años en varios países del mundo que donde hay extracción petrolera hay impactos negativos, hay corrupción a nivel de los gobiernos y destrucción del bosque”, acotó.

Los miembros de Sarayacu pidieron la presencia de observadores internacionales para presionar al Gobierno el respeto a su territorio dentro del bloque 23, al reiterar su negativa de exploración petrolera en su territorio y que se declare zona intangible.

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Incluso el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel reclamó el pasado martes al gobierno de Néstor Kirchner que intervenga, para que las labores de la petrolera no dañen el ecosistema donde habitan indígenas ecuatorianos.

Petrolera CGC
La CGC es adjudicataria del bloque 23 desde el año 1998. En el mes de febrero del 2003 suspendió las actividades sísmicas en esta zona, por presión de Sarayacu.

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No se pudo obtener la versión de la empresa petrolera debido a que su representante en Ecuador y el único autorizado para emitir información, Ricardo Nicolás, se encuentra en Buenos Aires, Argentina.

El gobernador de la provincia, José Yánez, en nombre del Gobierno, mantuvo diálogos con miembros de Sarayacu para lograr la aceptación a los trabajos de la petrolera argentina a cambio de obras de compensación en su territorio, pero sus dirigentes mantienen la negativa.
 
ANTECEDENTES
22 de noviembre del 2002
Comuneros de Sarayacu detuvieron a tres trabajadores del consorcio petrolero CGC/Chevron Texaco, que realizaba trabajos sísmicos 5 kilómetros adentro del territorio Sarayacu.

15 de enero del 2003
Cerca del riachuelo Shanshan, en el territorio de Sarayacu, un grupo de guardianes expulsó a 25 trabajadores de la CGG/Chevron Texaco y retuvo a 5 guardias de la seguridad de la compañía.

6 de febrero del 2003
La subcontratista francesa Compagnie Generale de Geophysique, CGG, que realizaba los trabajos sísmicos en el Bloque 23, anunció su retiro de la zona debido a la resistencia por parte de Sarayacu.

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8 de mayo del 2003
Miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional visitaron la comuna Sarayacu para constatar y escuchar los testimonios de los enfrentamientos ocurridos en la zona.

9 de mayo del 2003
Se dicta orden de captura por intento de asesinato en contra de Lenín Gualinga, Celso Aranda, Pedro Manya y Bernal Santi, miembros de Sarayacu, por supuesto atentado en contra de miembros de la empresa CGC en el sector de Jatum Molino, donde resultó herido, con perdigones, Salvador Santi Ushiwa, cocinero de la petrolera.

8 de octubre del 2003
El juez primero de lo penal de Pastaza, Víctor Crespo, dicta la orden de prisión preventiva contra siete miembros de Sarayacu, entre los cuales se encontraban Franco Viteri, ex presidente de Sarayacu, y el dirigente José Gualinga.

16 de octubre de 2003
En Washington D.C., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó en audiencia a Marlon Santi, presidente de la Asociación Sarayacu, quien denunció violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en territorio de Sarayacu, por parte del Estado ecuatoriano y la empresa argentina CGC.

17 de diciembre del 2003
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos extendió las medidas cautelares a favor de Sarayacu, que incluían el respeto a la integridad física de sus habitantes, que se investiguen los hechos ocurridos en enero del 2003 y que se dé especial protección a la relación de los miembros de Sarayacu con su territorio.

22 de febrero del 2004
Se  dicta sobreseimiento definitivo a favor de los miembros de Sarayacu, acusados por la petrolera argentina.