La decisión presidencial de separar a los vicepresidentes y miembros de directorio y otros organismos colegiados de empresas estatales, como salida contra la corrupción, genera algunas reflexiones.

¿Cuáles fueron designados por el actual Gobierno? De lo que se conoce casi todos. ¿Podría pensarse que aquellas personas son las responsables de la corrupción? Sembrar dudas con ventilador es muy negativo. Se pasa del extremo de “nadie es” a “todos pueden ser”.

Una de las buenas prácticas que aprendí en la administración municipal de don Assad Bucaram fue que lo mejor es no cambiar funcionarios, aun de jefatura, sino trabajar con los que han hecho carrera. El consejo lo he seguido en todas partes donde he laborado como primer responsable: Junta Monetaria, Banco Central, Conade y Universidad de Guayaquil. La orientación a que tiene derecho un gobernante puede lograrse con los mejores cuadros técnicos de carrera sin politizar las instituciones. La sustitución de funcionarios, a veces puede ser para bien, pero usualmente es para mal, si la función pública se convierte en una especie de escuela para quien llega a aprender a un cargo, peor si lo que más aprende son mañas o travesuras.

Cuando se remueve en forma indiscriminada a personas colocadas por un gobierno puede haber la sensación de rectificación, a que siempre tiene derecho un gobernante, pero también que hay que darle “oportunidad” a otros, en una especie de reasignación de cuotas o personas.

El fracaso de los procesos para entregar la administración de las telefónicas y las eléctricas demuestra que la confiabilidad en un país no solo está por pagar deuda –yo diría que hasta se vuelve desconfiable, financiera y éticamente, un país que el 70% de los ingresos generados por el crudo pesado, de primera vaya a servir o recomprar deuda pública, para felicidad de los acreedores– sino en la imagen de disciplina y de verdadera competencia en los procesos de negociación pública.

Conspira contra esa imagen la percepción que para alcanzar adjudicaciones debe haber socios nacionales predeterminados, abiertos u ocultos, lo que han acusado detractores del Gobierno.

No creo conveniente la decisión presidencial de tribunales sin rostro para designar a quienes van a reemplazar a los separados de las empresas petroleras, telefónicas y eléctricas. Entre el ocultismo y la transparencia, prefiero esta última.

Saber quiénes y por qué designan y cuáles son los elegidos le hará bien a la ética del poder. Designación con ocultismo, puede hacer pensar mal; justamente, respecto a los que no enseñan el rostro quedará la sospecha que hay hilos reales de decisiones sobre personas y negocios manejados por quienes ejerzan realmente el poder, aun cuando no salgan en las fotos de los actos públicos con el presidente Gutiérrez. La repetida historia del trapiche para la gobernabilidad.

En cuanto a aquello de la despolitización de Petroecuador, de acuerdo; que sea verdad y no una frase de momento. No se requería declarar emergencia para ese fin, pero si el Presidente así lo ha creído necesario, que se cumpla. Está bien que se investigue a todas las administraciones anteriores, pero que esto no quede como solo espuma batida.