Con la misma lógica, los nombres de los tesoreros de las instituciones públicas deberían permanecer en secreto. ¿Sería eso conveniente?

Los tribunales sin rostro, en Colombia y otros países donde la violencia traspasó cierto límite, no se conformaron para ocultar a los que manejan la propiedad pública sino a ciertos magistrados, para protegerlos de cualquier represalia luego de castigar a un delincuente o terrorista. El tribunal sin rostro protege al funcionario que castiga, no al que premia.

Cuando se trata de nombramientos que tienen que ver con el Estado se espera exactamente lo contrario: absoluta transparencia. Que no haya secretos, que todo sea público.

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Muy bien si se desea que personas independientes colaboren en la designación de funcionarios públicos, pero que se conozcan sus nombres para que el país pueda juzgar abiertamente su idoneidad.