El pasado 18 de febrero se endureció la ley para quienes atenten contra los poliductos.

Lucio Gutiérrez, presidente de la República, y Petroecuador manejan dos montos diferentes en cuanto a las pérdidas económicas que genera el robo de combustibles. Mientras el Primer Mandatario sostuvo el sábado que son 100 millones de dólares anuales, la petrolera estatal insiste en 10 millones.

La cifra llevó al Jefe de Estado a presionar al ministro de Energía, Carlos Arboleda, para que frene el robo de combustibles: “o para el robo, o se va”, dijo. Sin embargo, ayer, cuando se le consultó si fijó algún plazo para que el funcionario cumpla con ese objetivo no contestó.

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No obstante, Gutiérrez informó que Ecuador pierde el 40% de los combustibles que produce, vía contrabando.

En cuanto a la reducción de pérdida de combustibles en el transporte y almacenamiento, un informe de Petrocomercial, sobre planificación y metas para el 2004, fijó como metas que el robo bajará en 10%.

Esos niveles se lograrán con la contratación de una empresa que ejecute el proyecto de automatización en la medición y control de la red de poliductos y terminales; y con la ejecución de un plan de control de contrabando.

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Petrocomercial estima que la inversión en la automatización será de 20 millones, y no de 120 millones como estuvo previsto. El plan contempla tres ejes. Técnico-operativo; mayor seguridad física a las tuberías; y una reforma al Código Penal; pero también solicitará a la Fiscalía que agilite los trámites  en contra de más de 30 personas acusadas de robo de combustibles.

El primer eje consiste en mejorar las válvulas de control, de presión y de revisión.
El segundo es el pedido de reforzamiento de la vigilancia que realizan los militares del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en los poliductos.

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Y, el tercer eje es una reforma al Código Penal, modificación que se remitió a la Asesoría Legal de la Presidencia de la República, el 18 de febrero pasado. El documento establece prisión de 8 a 16 años para quienes estén involucrados en el robo de combustible.

 En cuanto al contrabando de gas, Laura Acuña, representante de la Asociación de Distribuidoras de Gas, cree que es muy poco tiempo para dar cifras. “Entre agosto y diciembre del 2003 la única política aplicada por el Ministerio fue reducir la entrega de gas, lo que  provocó escasez“, dijo.