Legisladores investigarán las fumigaciones

Pese a que no fijó fechas, María Augusta Rivas, legisladora del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), presidenta de la Comisión, señaló que “fiscalizará inmediatamente” al organismo.

Esta decisión fue asumida luego de que los habitantes de los recintos Puerto Nuevo, Puerto Meztanza, Corazón Orense y Santa Marianita, ubicados a lo largo de la rivera del río San Miguel en la frontera con Colombia, mostraran a los legisladores Kenneth Carrera (Partido Renovador Institucional Acción Nacional, Prian), Julio González (Pachakutik), José Chica (roldosismo), edemas en la piel, problemas en los ojos y enfermedades respiratorias supuestamente causadas por efecto de las aspersiones de cultivos ilícitos, suspendidas por el gobierno colombiano desde noviembre del año pasado.

Daniel Alarcón, presidente de la Federación de Campesinos de Sucumbíos, señaló que existe un estudio que demuestra que las mujeres expuestas a las fumigaciones sufren de abortos, malformaciones y cáncer.

Manifestó que 10.000 campesinos son afectados directamente por los efectos del Plan Colombia.

Ayer estaba prevista una reunión con el Comité de Paro de la provincia para definir acciones que permitan “decirle al país la verdad de las fumigaciones”.

Rubén Tamayo, miembro de la Comisión Técnica, pese a que no quiso comentar la denuncia, expresó que “no se puede determinar con precisión” que las afecciones de los pobladores sean resultado de las fumigaciones.

La Comisión Técnica fue creada en septiembre del 2003. Sin embargo, el Decreto Ejecutivo que legaliza sus actividades, no está publicado en el Registro Oficial.

El sábado pasado, los habitantes de Puerto Nuevo entregaron a los legisladores un pliego de peticiones en el que se incluyeron la aprobación de un proyecto resolutorio por parte del Congreso que permita al Gobierno destinar mayor atención a la frontera, la creación de un centro educativo y un dispensario médico.

Pese a que esa localidad es el último punto en territorio ecuatoriano que colinda con el departamento del Putumayo, bajo el control del Frente 47 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no existe presencia militar fija.

Los 300 pobladores (de los cuales el 80% son de nacionalidad colombiana) carecen de servicios básicos como luz eléctrica y alcantarillado. Existen dos escuelas a 30 minutos de distancia en las que se educan alrededor de 40 niños y jóvenes.