Los funcionarios de las empresas eléctricas, telefónicas y petroleras esperan que las notificaciones o ratificaciones a sus cargos lleguen entre el lunes y martes de la semana entrante, una vez que el Primer Mandatario solicitó sus renuncias.

Los vicepresidentes de Petroindustrial, Pedro Almeida, y de Petrocomercial, Pablo Rosero, presentarán el lunes su dimisión ante el Consejo de Administración de Petroecuador que se reunirá  para conocer sus casos.

Jorge Brito, presidente ejecutivo de Transelectric, aseguró que él no tiene ningún pedido de salida; “ahorita estoy reunido con el Presidente (Lucio Gutiérrez)”, dijo ayer en voz baja, mientras contestó telefónicamente, sobre sí presentó o no su renuncia.

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Luis Recalde, presidente ejecutivo de Andinatel, insistió en que no conoce de ningún pedido. “Conversé en la mañana con (Mauricio) Galindo (presidente de Pacifictel) y tampoco conoce nada”.

Sin embargo, recalcó que esperarán las disposiciones del Fondo de Solidaridad para cumplir con las disposiciones del Mandatario.

A pesar de su disponibilidad –afirmó Recalde–, no encuentra una sola razón para que el Primer Mandatario haya tomado esa medida.

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“Durante mi administración mejoraron en el 50,8% las utilizades de Andinatel”, dijo.

Jorge Goyes, presidente ejecutivo de la generadora térmica, Termoesmeraldas, tampoco tiene notificación o ratificación. No obstante, enfatizó en que antes de la solicitud debieron hacer un análisis a cada empresa para que salgan quienes  no cumplen con los requisitos profesionales.

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Termoesmeraldas, dijo, no cuenta con injerencia política. Desde 1999, año en que se formó la empresa, no se cambiaron a los técnicos, recalcó.

Patricio Crespo, presidente ejecutivo de la empresa Azogues, en donde el Fondo de Solidaridad no es accionista mayoritario, y por tanto, no puede exigir la salida del funcionario, sostuvo que pedir las renuncias es “inoficioso”.

Según Crespo, si el Presidente hubiera querido oxigenar las gerencias debió remover de los cargos a las personas que no cumplieron con los objetivos financieros y éticos propuestos.

Ese pedido, dijo, conducirá a pagos de cuotas políticas, ya que las vacantes serán cubiertas con gente de partidos políticos, según arreglos legislativos a los que hayan llegado.

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Carlos Durán, principal de la distribuidora Centro Sur, en cambio, se mostró calmado: “Me siento tranquilo porque he realizado una buena gestión. Y las renuncias son para cargos políticos”, acotó.

Para el funcionario, la empresa tiene uno de los mejores indicadores del país.  Las estadísticas del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) revelan que esa distribuidora registra pérdidas técnicas por 5,6% y robos de electricidad por 3%.