La Procuraduría General del Estado presentó al Congreso, el miércoles pasado, el proyecto de Ley para Reprimir el Lavado de Activos, con el fin de establecer sanciones a quienes pretenden justificar el dinero proveniente de otros delitos.

Este texto propone registrar las operaciones y transacciones iguales o superiores a 10 mil dólares, sin que el sigilo bancario impida el acceso a esa información. Para esa tarea se plantea la creación del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La sanción para el lavado de activos contempla tres tipos de prisión: de cuatro a ocho años, de ocho a doce y de doce a dieciséis. La multa equivale “al duplo del monto de los activos del delito”.

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Cuando fueran encontrados culpables funcionarios públicos, “quedarán inhabilitados a perpetuidad para ejercer dignidad, función, empleo o cargo público”.