Mañana, con esa lógica, Pacifictel podría argumentar lo mismo, con lo que solo tendrían derecho al servicio telefónico en Guayaquil los propietarios de viviendas. Luego podrían actuar del mismo modo Interagua, las empresas de televisión por cable, las que ofrecen conexión a internet...

¿Por qué supone la Corporación que administra la energía eléctrica en Guayaquil que los dueños de departamentos, casas y oficinas de alquiler sí estarán dispuestos a correr el riesgo que ella no quiere asumir? ¿Se han evaluado la reacción de dichos propietarios y el incremento en el costo que eso ocasionará en los alquileres?

Si la Corporación tiene dificultades para cobrar por el servicio que brinda, lo lógico sería que revise sus procedimientos internos, y quizás hasta que evalúe a los responsables de esa gestión, pero no que se apele a la salida fácil de descargar el peso de las culpas sobre los hombros del consumidor. Con eso, lo único que se ha logrado siempre es profundizar el burocratismo y la ineficiencia.

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No es eso lo que Guayaquil espera de sus instituciones.