La Subsecretaría de Cultura exige un control  especial para el lugar, que es patrimonio hace cuatro meses. 

El cementerio general de Guayaquil, el más grande del país, con aproximadamente 713.200 sepulcros  en 17 hectáreas (según el último registro de la Junta de Beneficencia de la ciudad, que lo administra), aún no tiene un plan de preservación, aunque fue declarado Patrimonio Cultural el pasado 17 de octubre.
  
El Acuerdo 2465 que  emitió la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación establece que el lugar, que se levanta en las laderas del Cerro del Carmen desde 1823 y fue  fundado por  el Libertador Simón Bolívar, debe tener un cuidado especial. De lo contrario, incluso, el nombramiento puede ser retirado.
  
El administrador encargado del panteón desde el 2 de enero anterior, Álvaro Arosemena, dice que la Junta de Beneficencia de Guayaquil (a cargo del camposanto desde 1880) incrementó su presupuesto para este año (no dio cifras ni valores aproximados) con el fin de que los cuidados sean más meticulosos. 

Según él, actualmente hay 150 empleados asignados al cementerio (entre los denominados vigilantes, limpiadores, personal administrativo y otros), además de los 40 guardias de seguridad contratados (de la compañía Vigarsesa) que están distribuidos en las  16 puertas.   

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Este Diario realizó la semana anterior un recorrido por el sitio y constató que las labores, desde la declaratoria patrimonial, son las mismas. Eso, por ejemplo, lo admite Juan Cantos, quien hace 25 años labora allí y actualmente es vigilante: hace rondas continuas con su pito guindado al cuello  para evitar que haya robos o se profanen las tumbas.
 
Los planes de la Junta apuntan a la ampliación, debido a la demanda: a finales de año habrá 7 mil bóvedas más, dice el administrador. El inventario actual es el siguiente: 1.200 mausoleos, 121 mil nichos, 450 mil tumbas sobre el cerro y 141 mil bóvedas.

Del total de los sepulcros, 1.185 son portentosos, especialmente por su diseño arquitectónico. Las esculturas tienen estilos gótico, barroco, neoclásico y renacentista. Y fue por ello que la Junta de Beneficencia,   la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y la Fundación Vicente Rocafuerte impulsaron la declaratoria. 

El Ministerio de Educación tomó la decisión luego de un estudio minucioso realizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y ambos coincidieron en el “valor arquitectónico, urbano, histórico y estético” del cementerio.  

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El administrador encargado no da más detalles de los actuales controles. Él argumenta que aún no sabe si seguirá o no en el cargo, porque en abril próximo eso “lo decide el Directorio de la Junta”.