En solo tres semanas los rebeldes controlan efectivamente más de la mitad de esta nación caribeña.

La oposición haitiana rechazó el proyecto de una comisión internacional y propuso ayer un nuevo plan de paz que prevé la renuncia del presidente Jean-Bertrand Aristide el próximo 18 de marzo, mientras los moradores de la capital, Puerto Príncipe, esperan un ataque rebelde.

Los insurgentes armados dominan totalmente o en parte cinco de los nueve departamentos de Haití y su última conquista fue Cap Haitien, segunda ciudad del país, cuya captura dejó entre diez y quince muertos.

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La propuesta de la oposición se conoció horas antes de vencer el plazo dado para responder al plan inicial de EE.UU., Francia, Canadá, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad del Caribe (Caricom).

Este plan mantenía a Aristide en su cargo en el periodo para el que fue elegido, es decir hasta el 2006, pero con poderes limitados por un gobierno multipartidista y la elección de un primer ministro, que controlará a la policía.

Pero la oposición anunció que recibió una nueva propuesta de la misión internacional que aún no se examina y que incluiría la partida de Aristide si no respeta las reglas establecidas por la comunidad internacional.

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Sigue la violencia
El clima de violencia no cesa en Haití, lo que obligó a Washington a enviar 52 agentes especializados en terrorismo para custodiar su embajada en Puerto Príncipe.

Los rebeldes, dirigidos por Guy Philippe, un ex militar golpista y líder del Frente Revolucionario Nacional de Haití, atacaron ayer una estación de policía al este de la capital y se cree que podrían estar tanteando la fortaleza de la defensa de la ciudad.

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Philippe anunció el domingo pasado que estaría en Puerto Príncipe “antes de dos o tres días” si Aristide no dejaba el poder.

Partidarios del gobierno han formado barricadas de defensa en Puerto Príncipe, especialmente en las cercanías del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, donde se encuentra la residencia privada de Aristide.

La ciudad de Mirebalais, 57 km al este, que constituye un cerrojo en el camino hacia la capital, seguía en poder de la policía de Aristide.

El riesgo de que una guerra civil provoque un desastre humanitario en el país más pobre de América sigue movilizando a gobiernos. Venezuela anunció ayer el envío de un millón de dólares para mitigar los problemas sociales.

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