El contraataque y la descalificación pública son los mejores argumentos de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) ante los cuestionamientos descritos en el cuarto examen especial realizado por la Contraloría. La gerenta de la AGD, Wilma Salgado, quien se posesionó el 12 de marzo del 2003, dijo que las observaciones –entre las que destaca el anticipo de honorarios al abogado de coactivas Bolívar González– “solo demuestran la mala fe”. Argumenta que “carecen de fundamentos técnicos y probatorios”.

El contralor subrogante Genaro Peña prefirió no opinar “sino a través de los informes de auditoría”. Durante las tres últimas semanas, los esfuerzos de Salgado se concentraron en la respuesta que entregó a la Contraloría el viernes pasado. “No puede atender a nadie porque está ocupada” fue la orden que predominó en su despacho.

Ayer, en una página completa en diario Hoy, González publicó que el autor del examen especial, Luciano Tituaña, no es auditor ni economista. “(Es) graduado en la Universidad de Colombia, que no existe”, asegura y descalifica su competencia para manejar el tema. Fuentes de la Contraloría denuncian que después de la lectura del cuarto examen especial, el 9 de febrero, han sufrido amenazas y persecuciones.

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¿Y los depositantes? Luego de casi cinco años de la crisis bancaria, alrededor de 2.500 depositantes perjudicados aún esperan que el Estado les devuelva sus ahorros, que según las cifras de la AGD, bordean los $ 80 millones. La semana pasada, una mujer de unos 60 años esperó sin respuesta que Wilma Salgado la atendiera. Necesitaba agilizar su devolución de dinero para sacar de la clínica a su esposo, quien desde hace cinco años no se recupera del derrame cerebral que le provocó el cierre del Banco del Progreso, donde puso los ahorros de su vida.

TEXTOS
INFORME
El informe de la Contraloría contempla el período transcurrido entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre del 2003.

LO PRINCIPAL
Las principales observaciones tienen que ver con la contratación del abogado de coactivas Bolívar González, y los procesos de subasta y remate de cartera.

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CONTRAPARTE
La respuesta de la AGD, que tiene 116 páginas, argumenta que se cumplieron todas las disposiciones legales.