Organizaciones de Derechos Humanos en el Ecuador y representantes de sectores políticos y sociales solicitaron por escrito al juez español Baltazar Garzón examine algunos hechos que se produjeron durante los cuatro años (1984-1988) del gobierno del ex mandatario León Febres-Cordero, para saber si en su jurisdicción es posible iniciar acciones legales.

Esos hechos, según quienes suscriben la petición, publicada ayer en un aviso pagado en Diario Expreso,  constituyen “crímenes de lesa humanidad”. Entre los casos se señala “la política terrorista de Estado que aplicó ese régimen, con el argumento de eliminar a la agrupación Alfaro Vive Carajo”. Se incluyen los casos de desaparición y muerte  Consuelo Benavides, de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, y de Arturo Jarrín.

Suscriben el documento Elsie Monge, de los Derechos Humanos; los diputados María Augusta Rivas, Segundo Serrano, Víctor Granda, Enrique Ayala y los dirigentes sindicales Jaime Arciniegas del FUT, y Pedro de la Cruz de la Fenocín.