Aparte de ser eso un serio peligro para la colectividad –ya que muchos de esos reos saldrían a “cazar” víctimas que caerían presas de sus asaltos, violaciones, estafas, narcotráficos– se incrementarían más los delitos en toda la república.

Esta es una descabellada y apresurada medida, dictada mediante una resolución inaudita de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se debió resolver también la destitución inmediata de todos los jueces penales, tribunales penales y magistrados de las cortes superiores del país que hayan sido responsables de tal despropósito al demorar los despachos de las causas, dentro del tiempo señalado.

El Congreso debe resolver urgentemente este problema y reformar el artículo 24 de la Constitución, suprimiendo esta garantía que es un premio para los que delinquen, y una forma de solapar la ineptitud de quienes administran la justicia. Se debería, además, nombrar jueces suplentes en el área penal, para agilitar los procesos.

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Ab. Julio Rolando Samaniego
Guayaquil