Recurso contra vigencia de la Ley de Extranjería

El Parlamento vasco sostiene que la ley vulnera los derechos de cada inmigrante en España.

El Parlamento regional vasco acordó ayer entablar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el gobierno, por considerar que “limita derechos individuales fundamentales” de los ciudadanos inmigrantes.

La iniciativa fue aprobada con los votos del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) y  la coalición Izquierda Unida (EB/IU), que forman la coalición de gobierno en el País Vasco.

A ella también se sumaron los diputados de Sozialista Abertzaleak, sucesores de la ilegalizada Batasuna, mientras votaron en contra el Partido Popular (PP), que gobierna el país, y los socialistas (PSE-EE).

La proposición aprobada por la Cámara Vasca defiende la interposición de un recurso contra varios artículos de la citada ley que regulan la devolución de los inmigrantes ilegales a sus países de origen y la posibilidad de que la Policía española acceda al padrón sin consentimiento previo de los afectados, para conocer sus identidades y estatus legal.

Durante el debate parlamentario, los grupos que forman la coalición de gobierno en el País Vasco incidieron en el “recorte de derechos fundamentales de los ciudadanos inmigrantes” que, a su juicio, supone la entrada en vigor de la ley.

Para estos partidos, la Ley de Extranjería conculca los derechos a la intimidad, el honor, la presunción de inocencia, libertad y seguridad.

El representante del PP en el Parlamento vasco, Antonio Damborenea, defendió la normativa aprobada por el gobierno que preside José María Aznar ya que, según dijo, contribuirá a luchar contra la inmigración ilegal y las redes de delincuentes dedicadas al tráfico de personas.

La reforma de la Ley de Extranjería española entró en vigor el pasado mes de diciembre y es la tercera modificación de esa normativa impulsada por Aznar en esta Legislatura.

Lo que dice la ley
En ella se contemplan medidas como la exigencia a las compañías aéreas de informar sobre las identidades de los pasajeros que trasladen o la creación de un visado único de tres meses para la búsqueda de empleo.

También endurece las penas por la contratación de inmigrantes irregulares y por el tráfico de personas.

Según las organizaciones en favor de los inmigrantes, en España habitan por lo menos 400 mil ecuatorianos, de quienes un aproximado de 215 mil ha logrado arreglar su estatus migratorio y se encuentra legalmente en el país, mientras que el resto ha ingresado de manera ilegal, muchos de ellos utilizados por las bandas de traficantes de personas.

Con esta cifra, los ecuatorianos constituyen el segundo colectivo de inmigrantes que habitan en España después de los ciudadanos marroquíes. Los colombianos son terceros.