Los líderes de las fuerzas políticas que actúan en el Congreso plantearon ayer al Gobierno poner freno a la intolerancia y prepotencia para evitar que la violencia siga creciendo. Surgió además, la moción de aplicar cambios en el Ministerio de Gobierno.

El presidente del Congreso Nacional, Guillermo Landázuri –quien pertenece a la Izquierda Democrática (ID)–, comentó que los últimos acontecimientos demuestran que “en el país está naciendo una nueva cultura del sicariato y el crimen organizado”. Para analizar la situación, dijo, el ministro de Gobierno, Raúl Baca Carbo, comparecerá al Legislativo el próximo jueves.

Pascual del Cioppo, jefe del bloque socialcristiano (PSC), propuso la aplicación de una política similar a la que adoptó León Febres-Cordero en la Presidencia de la República. Es decir –explicó– ofrecer a la Policía y a las Fuerzas Armadas todo el sustento bélico y moral para que puedan salir a las calles a “poner punto final” a la escalada de violencia.

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Los diputados del PSC criticaron la actitud de Baca frente a los últimos hechos de violencia cometidos en el país. “No ha tomado las riendas ni el liderazgo (...) le ha quedado grande el puesto y debe actuar con mano dura”, recalcó.

Para Jorge Guamán, diputado por Pachakutik, la violencia y las acusaciones sin fundamento son una estrategia oficial para opacar las deficiencias del actual Gobierno. Y aunque reconoció la capacidad de Baca, lamentó que su gestión “esté coartada”.

Es el propio Gobierno –sostuvo el roldosista Marco Proaño Maya– que desde su discurso político está creando violencia. Su coideario Mario Touma criticó, al igual que Del Cioppo, la posición del Ministro de Gobierno y pidió su remoción.

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Mientras tanto, la confrontación entre el bloque Sociedad Patriótica (SP) y el de la ID se tradujo ayer en dos acciones legales.

Gilmar Gutiérrez, hermano del Presidente y legislador de Sociedad Patriótica (SP), acudió a la Fiscalía para presentar una demanda en contra del ex presidente de la República, Rodrigo Borja (ID), por un presunto aporte económico del narcotráfico a la campaña electoral que lo llevó al poder en 1988. Entregó copias certificadas de los cheques girados por Carlos Hidalgo Tejada, con los que supuestamente contribuyó a la actividad proselitista de Borja.

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Al mismo tiempo, en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el diputado Carlos González (ID) pidió ayer la investigación de las cuentas de campaña de Sociedad Patriótica (SP).

González, durante 45 minutos, denunció –nuevamente– que Marco Sánchez, actual director del Programa de Alimentos del Ministerio de Bienestar Social, importó propaganda política para SP, desde México, durante la primera vuelta electoral. SP no reportó este aporte, recalcó.