Una misión de las Naciones Unidas se encuentra en Haití para evaluar la situación humanitaria tras los violentos enfrentamientos armados entre facciones leales al Gobierno y quienes exigen la salida del presidente Jean Bertrand Aristide.
 
Expertos del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) participan en esta evaluación.
 
La portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que coordina la misión, Elizabeth Byrs, precisó que la visita a Haití estaba prevista para algunas semanas más tarde, pero los hechos de violencia obligaron ha adelantarla.
 
"El equipo trabajará tanto sobre la situación actual, como sobre las consecuencias de las catástrofes naturales", informó la portavoz.
 
Explicó que "Haití acumula dos estilos de catástrofes": una pobreza crónica con 47 por ciento de la población que vive con menos de un dólar al día, agravada por catástrofes naturales regulares como inundaciones y huracanes tropicales.
 
Todo ello, sumado a la violencia e inseguridad, "nos hace temer una grave crisis humanitaria", declaró Byrs.
 
Por su parte, el alto comisionado adjunto para los Derechos Humanos, Bertrand Ramcharan, expresó su profunda preocupación por los derechos humanos en Haití y condenó los asesinatos y destrucción de la semana pasada en las ciudades haitianas de Gonaives y St. Marc.
 
En su declaración, Ramcharam alentó a todas las partes involucradas en el conflicto civil a abandonar la violencia y optar por una solución política a la crisis "de una manera pacífica y constitucional".
 
Asimismo, reclamó a las autoridades de Haití a llevar ante la justicia a todos aquellos que sean responsables de actos de violencia y violaciones de los derechos humanos.
 
En un reciente informe sobre Haití, preparado por el relator especial de la ONU, Louis Joinet, para la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos, se señala la existencia "de un clima de inseguridad tal que un retorno a la paz por medio de elecciones parece carente de realismo".
 
En ese sentido, se afirma que no existe una real voluntad política de luchar contra la impunidad, particularmente de aquellos responsables de la represión, mientras que mediante un "amalgama reductor" las autoridades asimilan toda clase de oposición al terrorismo.