La Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo del año pasado, sometió a consideración de los gobiernos el Proyecto de Convenio Marco para el Control del Tabaco, documento largamente negociado en busca de unanimidad.

El objetivo básico del Convenio es proteger la salud mediante medidas de orden preventivo, pues existe la seguridad de que el tabaco produce efectos nocivos irreversibles, especialmente del sistema cardiovascular, y es el principal agente causal de cáncer.

Habiendo sido estudiado cuidadosamente el Convenio por los organismos competentes, el Gobierno del Ecuador instruyó al Ministro de Salud votar a favor en la Asamblea Mundial, la cual se reunió en Ginebra el 21 de mayo del 2003. Los 192 países miembros lo aprobaron por unanimidad.

El Convenio compromete a los países, entre otras medidas, a “mantener a todos informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo del tabaco y de la exposición a su humo. Se deben contemplar, en el nivel gubernamental apropiado, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras para proteger a todas las personas del humo del tabaco”.

Una vez aprobado el Convenio, de acuerdo con las normas internacionales, debe ser ratificado por cada Gobierno. Muchos ya lo han hecho, menos el nuestro.

¿Por qué no se da este paso, máxime que no es necesario un nuevo estudio y que ya nuestro Gobierno votó por su aprobación? ¿Se transige con intereses privados, por encima del derecho constitucional a una vida saludable?

Mientras tanto, la situación en el país ha empeorado. Por una parte las empresas tabacaleras han ido incrementando escandalosamente la promoción del hábito de fumar, entre otros recursos, alquilando grandes espacios en los dispositivos en los cuales han colocado enormes pancartas que se leen desde más de 100 metros de distancia.

En segundo lugar y con la gravedad que ello implica y a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados y concretamente en los Estados Unidos, en el nuestro ha seguido incrementándose la proporción de adolescentes que fuman. La revista Índice, uno de los órganos de publicidad de la Secretaría Técnica del Frente Social, con el apoyo del INEC y el patrocinio de la Unicef, en el número 4, de reciente publicación, trae el dato estadístico de que los adolescentes de entre 12 y 17 años, el 43% de ellos fuma. Cifra alarmante que demuestra que el hábito y luego la adicción está iniciándose en mayor proporción de lo que sucedía años atrás.

La industria tabacalera ha expresado varias veces que la promoción va dirigida a los fumadores para que favorezcan la marca de la promoción, y que su política no es inducir al grave vicio a niños y adolescentes. Argumento ridículo. Las engañosas promociones que no son selectivas de edad, en la realidad impactan más en niños y jóvenes.

Es urgente y preciso que el Gobierno ratifique el Convenio y a tono con él se revise el proyecto del reglamento que fue elaborado, y se lo ponga en vigencia de modo inmediato.