Días atrás un columnista explicaba lo ilógico de la ocupación de Shit Bay para una ciudad como Salinas, con vocación turística. Para qué repetir un análisis que compartimos. Más bien, podemos añadir al mismo que resulta absolutamente paradójico que, ocupando las tres ramas de las Fuerzas Armadas un gran porcentaje de Salinas, y el mejor porcentaje, se haya vuelto una de las ciudades más inseguras. En el balneario más importante del país, en un mes, el número de asaltos a plena luz del día se ha multiplicado; en el balneario con mayor número de bases y personal militar. Conocemos la respuesta de que la labor de protección es de la Policía. Como el caso de la persona muerta en el accidente de tránsito, enterrada en el fango del manglar.

En Guayaquil, el número de personas que piensa que las denuncias del diputado Haro podrían tener algún fundamento es casi cinco veces más que quienes no lo creen, según los resultados de una encuesta publicada por Diario EL UNIVERSO varios días atrás. En Quito, el resultado es a favor de la misma tendencia en una proporción menor: dos a uno. Si a esto sumamos el número de escándalos que en la prensa han aparecido en los últimos dos años, podemos colegir que es innegable que existen problemas de fondo, sean reales o sean percepciones; que lejos de ser defendidos públicamente, deben ser tratados y analizados privadamente dentro de la institución, en busca de las causas. Si no se entendiera así, habría una negación de la realidad.

Si consideramos además la situación privilegiada de contar con Seguridad Social paralela e independiente, lo que casi todos los ecuatorianos quisieran, Justicia paralela, comisariatos propios, numerosísimas empresas propias en un sinnúmero de actividades económicas no necesariamente relacionadas, podemos pensar que la institución militar vive una realidad distinta a la de la mayoría de los ecuatorianos.

La intervención política de los militares en Latinoamérica no es nueva. Existe desde que la República es república. Las numerosas dictaduras y los golpes de Estado son una prueba de ello. El nombramiento de militares en servicio activo en cargos políticos lo ratifica. Mas, lo que algunos han calificado de conversaciones, otros de presiones o politización, sobre el caso de la inmunidad parlamentaria, es relativamente inédito en las últimas décadas. Esta participación, por llamarla de otra forma, está causando un serio cuestionamiento sobre la institucionalidad jurídica, sobre la futura libertad de debate de los congresistas, y está ocasionando un franco enfrentamiento entre la función legislativa y la judicial, y entre una parte de la legislativa y la institución militar, al haber un diputado pedido la renuncia de todo el Comando Conjunto; para no mencionar potenciales pugnas entre la población civil, por ejemplo los ciudadanos de la provincia de Chimborazo. El país necesita paz. La institución militar ha perdido su enfoque. Así como en Shit Bay, viviendo una realidad de seguridad aparente, cuando a pocos metros la delincuencia hace de las suyas. Repensar las cosas y reenfocarse es urgente.