Líderes del Congreso de EE.UU., apoyados por grupos cívicos de los sectores público y privado, pidieron este lunes la aprobación de una ley que exige el uso de los cinturones de seguridad de los vehículos en todos los estados del país.
 
La "Ley Nacional de Seguridad Vial", patrocinada por los senadores John Warner (Virginia) y Hillary Clinton (Nueva York), exige que cada gobierno estatal aplique leyes para el uso de cinturones de seguridad o incremente el uso de estos dispositivos en un 90 por ciento.
 
Los gobiernos estatales tendrían un plazo de tres años para lograr esa meta o de lo contrario perderían un 2 por ciento de sus fondos federales para la construcción o mantenimiento de carreteras.
 
Sólo 20 estados de la nación y el Distrito de Columbia, donde se ubica la capital de EE.UU., aplican leyes que exigen el uso de cinturones de seguridad y multan automáticamente a los motoristas que violan dichos reglamentos.
 
El Departamento de Transporte de EE.UU. calcula que el uso de cinturones de seguridad ayuda a salvar la vida de unas 13.000 personas cada año y que otras 7.000 mueren por no utilizarlos.
 
En los últimos cinco años, el número de víctimas mortales se ha incrementado, según cifras oficiales.
 
En cambio, durante 2001, el 73 por ciento de los pasajeros que llevaban cinturones de seguridad y sufrieron un accidente de tránsito sobrevivieron.
 
La economía de EE.UU. sufre pérdidas de unos 26.000 millones de dólares anuales por concepto de gastos médicos, descenso de productividad y otros gastos relacionados con las muertes y accidentes provocados por la falta del uso de estos dispositivos.
 
"Este proyecto de ley no es una moda o un experimento. Es un éxito comprobado, porque casi todos los estados que han aplicado leyes similares han reducido significativamente el número de muertes y lesiones", dijo Warner en un comunicado.
 
El proyecto de ley se produce en momentos en que el Congreso analiza un plan multimillonario para mejoras en las carreteras en un plazo de seis años.
 
La medida bipartidista cuenta con el apoyo de más de 130 grupos locales, estatales y nacionales que incluyen a miembros de la comunidad médica, las aseguradoras y la industria automovilística.