Preocupación por hechos de violencia y amenazas

Los actos de violencia ocurridos durante los últimos días, como el supuesto atentado contra el dirigente indígena, Leonidas Iza, y el asesinato del funcionario de Petrocomercial, Patricio Campana, preocupan a los representantes de diferentes sectores del país, quienes piden a las autoridades esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Además descartan la posibilidad de que el gobierno elabore un plan represivo y que violente los Derechos Humanos de los ecuatorianos.

Representantes de varios sectores del país expresaron ayer su preocupación por los acontecimientos de violencia ocurridos en el país en los últimos días ya que consideraron que pueden ocasionar graves violaciones a los Derechos Humanos.

El presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, Carlos Estrada, indicó que hechos de aparente represión obligan al presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, a gobernar con tolerancia.

Él se refirió al supuesto atentado contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza; al asesinato del funcionario de Petrocomercial, Patricio Campana; y a las supuestas amenazas del gobierno contra las radios La Luna y Radio Quito.

Además a la presunta relación entre el ex embajador de Ecuador en Argentina, Germánico Molina, con el ex miembro de la dictadura en Argentina, Carlos Guillermo Suárez Mason; el informe contra los medios de comunicación, supuestamente elaborado por las FF.AA.

“El régimen tiene un año y debe comenzar a gobernar con sentido de país y no partidista”, dijo.

Estrada consideró que la inexperiencia política de los funcionarios que conducen el país “da la pauta para que ocurran hechos como los que se dieron, que exista prepotencia en algunos actos”.

El ex vicepresidente de la República en el gobierno de Sixto Durán-Ballén, Eduardo Peña Triviño, aseguró que esta etapa “de incertidumbres y de ataques a la libertad de expresión no creo que sea orquestada por el gobierno”.

Peña expresó que puede existir un plan desestabilizador de la política nacional que puede provenir de las extremas izquierda o derecha.

Por ejemplo, argumentó, el asesinato de Campana, ocurrido el 30 de enero pasado, pudo ser efectuado por personas involucradas en el robo de gasolina, “de fanáticos que están siempre en los extremos”.

Billy Navarrete, coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, manifestó que estos hechos de violencia son elementos graves “que crean temores e intolerancias”.

Según Navarrete, las violaciones a los Derechos Humanos son responsabilidad de los aparatos de justicia y “lo que vemos es una actitud permisiva por parte del Gobierno. No hay una imagen protagónica para esclarecer los casos”.

Gustavo Vega, ex asambleísta y ex rector de la Universidad de Cuenca, puntualizó que puede existir en el país una política de “decapitación” de las dirigencias insurgentes de oposición e inclusive de grupos democráticos.

“No se puede acusar al gobierno, pero es posible que exista, desde la visión de la extrema derecha, un plan para armar un proyecto a favor de ese tipo”, aseguró.

El régimen debe esclarecer, dijo Vega, aspectos como la lista de enemigos del ex asesor presidencial Alejandro Nájera, en la que constaban los nombres de dirigentes indígenas y clasistas, periodistas y políticos de oposición, para devolver la tranquilidad a la sociedad ecuatoriana.

Óscar Orrantia, ex presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, aseguró que cada uno de los casos de violencia ocurridos son “hechos aislados y no creo capaz a este gobierno de llegar más allá de excesos verbales”.

Orrantia aseguró que la violencia en el país se produce porque “las autoridades no se deciden a frenar la migración de los países vecinos, cuyos gobiernos tienen un escape para que todos sus malos elementos se vengan al país”.

Monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil, indicó que es urgente una actitud clara de las autoridades en las indagaciones que se realicen en estos casos, “en una sociedad actualmente proclive al uso de la fuerza”.

Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos en el Ecuador, expresó que el caso Iza es preocupante porque varios miembros de la Conaie fueron amenazados telefónicamente.