Los tres jueces que permitieron el avance del proceso civil planteado por el ministro de Defensa, Nelson Herrera, en contra del diputado de la Izquierda Democrática, Guillermo Haro, por daño moral a las FF.AA., enfrentan desde ayer una demanda en la que el diputado Ramiro Rivera (DP) los acusa de no acatar las normas constitucionales y legales.

Ellos son: el juez 6º de lo Penal de Pichincha, Mario Ortiz Estrella, quien aceptó a trámite la acción en contra del parlamentario, y los dos magistrados de la Sexta Sala de la Corte Superior de Quito (CSQ), Ramiro Suárez y Julio Arrieta.

Los dos últimos jueces permitieron el avance del proceso, al no pronunciarse sobre la apelación que presentó Haro para detener la causa.

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Rivera argumentó la demanda en dos artículos del Código Penal. El 216, que sanciona con prisión de uno a tres años y una multa de 8 a 30 dólares a los jueces y empleados que soliciten, expidan o firmen una sentencia en contra del primer mandatario, ministros de Estado o magistrados de la Corte Suprema, sin autorización constitucional.

El artículo 217, en cambio, determina iguales penas para jueces y demás empleados que procedan, como se indica en el artículo anterior, en los casos que involucren a senadores y diputados, mientras estos gocen de inmunidad. La excepción es el delito flagrante.

Rivera planteó la acción ante el fiscal general subrogante, Alfredo Alvear, quien ofreció tramitar la causa en “estricto apego a la ley y a la Constitución”.

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Al mismo tiempo, el diputado solicitó al presidente de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Tomás Rodrigo, que suspenda en el ejercicio de sus funciones a los indicados jueces.

Pedido de revocatoria
Haro presentó –el miércoles anterior– en la Sexta Sala de la Corte Superior, un pedido de revocatoria de la providencia que permitió que la causa prosperara y que fue suscrita por los magistrados Suárez y Arrieta, miembros de ese ente de justicia.

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PROCESO
CERTIFICADO
El secretario general del Congreso, Gilberto Vaca, remitió ayer una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintana, en la que certificaba que el Parlamento no aprobó la resolución para negar o conceder la autorización para iniciar el juicio penal contra el diputado Guillermo Haro (ID).

POSTURA
El presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, dijo que el Parlamento cumplió con su deber de conocer y analizar el tema.

Insistió, que el juez debe tomar en cuenta que la solicitud de la Corte fue discutida en debate el pasado 27 de enero.