Algunos fiscales iniciaron nuevas causas a varios reos. Los abogados cuestionan esta medida adoptada.

El checo Josef Pilnik, de 33 años, detenido por presunto narcotráfico desde hace 17 meses, se cortó el dedo meñique izquierdo el pasado 8 de enero en la protesta por obtener la libertad como preso sin sentencia, pero una nueva causa penal iniciada por atentar contra su vida le impedirá salir.

Pilnik está a órdenes del 2º Tribunal Penal, que probablemente ordenará su excarcelación por la anterior causa, pero el nuevo expediente fiscal con orden de prisión preventiva no le permitirá egresar de la penitenciaría.

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El checo habla poco español y es su compatriota Jiri Steine quien sirve de interlocutor y dice que Pilnik estaba ilusionado con su libertad y que el nuevo proceso penal lo ha afectado emocionalmente.

El autor del corte del dedo, Gustavo Gudiño, preso por robo desde el 22 de mayo del 2002, también fue encausado.

Entre los detenidos que estaban por salir, la Fiscalía inició una nueva instrucción contra cuatro miembros de la FAE implicados en un supuesto robo. Tienen otra orden de prisión por asociación ilícita.

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A Leonardo Suárez Quiceno, supuesto autor del asesinato del productor bananero Ricardo Vásconez Ponce, se dictó otra prisión, esta vez por hurto.

Contra Juan Jaramillo Obando, Bolívar Palma Maruri, Luis Quintero Patiño, y otros, presuntos integrantes de una banda de narcotraficantes detenidos en diciembre del 2002, la Fiscalía les inició una nueva causa por el delito de gestión para el financiamiento de actividades delictivas.

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Contraria a estas acciones iniciadas, la abogada Jenny Unamuno calificó de “maniobra antijurídica e inconstitucional, porque al año en que los presos sin sentencia se acogen a la libertad les inician un proceso ilegal”.

Galo Argüello Arias, dirigente de la Unión Nacional de Abogados Independientes, expresó que “los jueces penales y los fiscales están cometiendo prevaricato, porque esos internos están amparados en la Constitución”.

Calificó de absurdo que después de 18 meses o más de estar presos por un delito, los acusen de asociación ilícita.

Argüello agregó que “se está violando la disposición constitucional y la ratificación que hizo la Corte Suprema, de que está vigente el artículo 24 numeral 8 de la Constitución”.

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Jorge Calderón Villacís, de la embajada carcelaria Jesucristo Te Ama, dijo que “debieron iniciar la nueva causa apenas cayeron presos, como sucede en Estados Unidos”.