Las autoridades provinciales de educación están obligadas a aclarar si existe o se suspendió la prohibición de cancelar de manera obligatoria costos por entradas a bailes organizados por establecimientos populares o fiscales de educación.

Lo indicamos porque hay diversos puntos de vista que caen en la confusión. Un grupo de afectados en sus exposiciones a los medios de comunicación social asevera que el impedimento no ha sido suspendido. Y entraña un principio de justicia para la economía popular.

Porque hay cobros exagerados desde la matriculación. Pero no hay autoridad fiscal que públicamente se pronuncie. Otro sector de padres indica que al no pronunciarse las autoridades, se anuló la prohibición de esa obligatoriedad. Entonces se manifiesta directamente con exigencias en las aulas y retención de la libreta de calificaciones para los alumnos que sin siquiera haber asistido al baile, sus padres no pueden pagar la entrada.

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Es absolutamente desconsiderado –como ignorancia de la realidad nacional– querer que en forma obligatoria menores de edad asistan a distracciones que no son propiamente didácticas. Y paguen por alegrías y diversiones no disfrutadas.