La oficina regional del Instituto de Patrimonio Cultural realizó, en el 2003, 40 trámites para la salida legal de bienes patrimoniales del Estado, informó ayer el director de esta oficina, Marcos Suárez.

Esto representó 120 dólares por concepto de la tasa de 3 dólares que se cobra por el trámite.

Desde el domingo, Patrimonio Cultural decidió cobrar esa misma tasa a todos los pasajeros que salen del país a través de los aeropuertos internacionales de Guayaquil y Quito. En un año, la entidad aspira recaudar cerca de 500.000 dólares, indicó.

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El funcionario insistió ayer en que la aplicación de esta especie valorada para todos los viajeros es legal y rechazó la versión de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) sobre la inconstitucionalidad del cobro.

Los alcaldes de Guayaquil, Jaime Nebot y, de Quito, Paco Moncayo, enviaron ayer una comunicación en rechazo a la aplicación de esta medida.

En la carta dirigida a los ministros de Gobierno y de Educación, al Comandante de la Policía y al Director de Migración, se indica que “no es ético exigirle a las personas que viajan al exterior utilizando los aeropuertos, que declaren bajo juramento que no violan la ley”.

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Suárez manifestó que los documentos de cobro ya están vendiéndose en las oficinas de Servipagos del país y que la autoridad que exigirá ese documento será la policía migratoria, en los aeropuertos internacionales de Guayaquil y Quito.

Patrimonio utilizará la recaudación para financiar proyectos, uno de ellos se ha planificado en conjunto con el Ministerio de Turismo.