Según Eduardo Villaquirán, la decisión de aceptar o no el pago del Prian le correspondía a él.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) desconoció, el pasado martes, al vicepresidente de este organismo, Eduardo Villaquirán (PSC), como juez de coactiva, en el proceso de cobro a los partidos políticos sancionados por exceso de aportaciones en el gasto electoral.
 
Por esta razón Villaquirán, quien debía iniciar el embargo de bienes a los partidos multados, renunció ayer.

Cinco vocales (mayoría), en la sesión del pleno que se realizó el martes pasado, aceptaron la propuesta del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) de pagar el valor de la multa (4 072.957,16 dólares) con certificados de depósitos reprogramados (CDR). En este encuentro no estuvo Villaquirán, mientras Jorge Valdospinos (ID) asistió pero se abstuvo de votar.

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Eduardo Villaquirán explicó que la decisión del TSE es una ilegalidad, por un lado “por aceptar papeles chiros como forma de pago, un pago con papeles no es un pago”, y por otro, porque la decisión de aceptar o no la oferta del Prian le correspondía solamente a él como juez de coactiva.

Ayer, Villaquirán solicitó que se reconsidere esta acción, pero cuatro vocales de los seis presentes se pronunciaron en su contra: Nicanor Moscoso (Prian), Carlos Pardo Montiel (PRE), Carlos Aguinaga (DP) y Juan Aguirre (Conservador).

Bajo estas circunstancias y en vista de que ya no cuenta con el respaldo de quienes le nombraron juez, Villaquirán presentó su dimisión de forma irrevocable.

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Para el presidente del TSE y representante económico del Prian, Nicanor Moscoso, el organismo electoral no cometió ninguna irregularidad. Aseguró que Villaquirán sabía de la reunión del martes por la mañana y no a las 17h00, como suele ser, y acotó que la decisión de los vocales del TSE respondió a que se terminaba el plazo para que las organizaciones políticas (Prian, PRE, SP-PK) paguen o entreguen bienes.

Moscoso dijo que pedirá al Prian que entregue los papeles en distintos valores pequeños para darlos directamente a los hospitales públicos, que se encargarían de cobrarlos o negociarlos en la bolsa de valores.

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