Cinco organismos internacionales y entidades estatales de Colombia lanzaron este miércoles una campaña para prevenir la vinculación de niños al conflicto armado del país, donde se calcula que hay más de 10.000 menores en los grupos rebeldes.
 
La estrategia fue presentada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional para el Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el despacho del Defensor del Pueblo de Colombia.
 
La iniciativa está enfocada a 18,2 millones de colombianos menores de 18 años que equivalen a un 41,5 de la población del país.
 
El programa prevé la emisión masiva de avisos publicitarios, comerciales por la radio, la publicación de carteles y la difusión de mensajes en zonas de alto riesgo de reclutamiento de niños, que insisten en el lema "el primer derecho del niño es el derecho a ser niño".
 
Además, contempla proyectos productivos, formación para el trabajo, educación formal, uso del tiempo libre, orientación vocacional y promoción de la convivencia en las regiones conflictivas.
 
Tendrá el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID), la Agencia Sueca para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, y las Embajadas de Suecia y de Noruega.
 
Durante el lanzamiento de la campaña, la directora del ICBF, Beatriz Londoño, declaró que "el objetivo principal es que los niños, niñas y jóvenes colombianos ejerzan y disfruten de cada uno de sus derechos y en especial del derecho a ser niños".
 
Según estudios de UNICEF, en Colombia al menos 6.000 menores están actualmente en las filas de los grupos guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha, mientras que la organización internacional Human Rights Watch calcula que la cifra es de 11.000.
 
De acuerdo con los organizadores de la campaña, ese 41,5 por ciento de menores de edad "corren el riesgo de ser reclutados y utilizados por los grupos armados ilegales".
 
Por ello se busca prevenir a padres de familia, profesores y a las entidades estatales responsables de proteger a la infancia y la juventud.
 
Según las normas internacionales, la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado es una forma  grave de trabajo infantil, mientras que en la legislación colombiana considera el reclutamiento ilícito como una modalidad del delito de trata de personas.