Analistas cuestionan intervención de FF.AA. en mayoría legislativa

Más allá del carácter aleatorio de las mayorías legislativas o de la lectura política que se haga de la letra constitucional que decidirá sobre el pedido de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de levantar la inmunidad parlamentaria del diputado Guillermo Haro (ID), más allá de ese factor de azar político, está la incidencia que sobre la democracia y la ya erosionada institucionalidad estatal, tendrá la decisión del Congreso.

“Una prueba de fuego para la democracia”, la califica el analista Eduardo Castillo.

Como un paso más en el proceso de militarización de las funciones del Estado, la considera el constitucionalista y ex presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto López.

¿Pasará este caso como un hecho más en la azarosa vida democrática del país?

¿Será la simple aplicación de la mayoría parlamentaria en un caso aislado?

¿Actúan en este caso las FF.AA. como obedientes y no beligerantes al sistema constitucional vigente?

Lo que ocurre es preocupante, sostiene el analista y columnista de EL UNIVERSO, Hernán Pérez, pues “lo que se ganó en madurez en la relación entre las Fuerzas Armadas y la política, se está perdiendo en los últimos años.

Este caso va a marcar un nuevo capítulo en esta relación,  “no solo por la actitud de iniciar el juicio, pues no es la primera vez que ocurre, sino por el reciente lobby que han hecho las Fuerzas Armadas en el Congreso”.

La trascendencia que tendrá o no la decisión parlamentaria de esta semana, difícilmente se puede prever, dado el carácter volátil de la institucionalidad ecuatoriana. Lo cierto es que se trata de una acción propiciada por las FF.AA., en la que, al tenor de lo que sostiene López, actúa por su propia cuenta: “Cuando la fuerza pública es parte del Estado, no puede entablar un juicio al margen del Estado. Las Fuerzas Armadas no tienen personalidad jurídica para plantear ni siquiera una querella civil”, afirma el constitucionalista.

La inmunidad parlamentaria o la “irresponsabilidad en el buen sentido de la palabra” que, según Castillo, está consagrada por la ley en lo civil y penal para la actuación y los dichos de los diputados en el ejercicio de sus funciones, fueron estipulados no solo por los constituyentes ecuatorianos sino por la historia del proceso democrático en Occidente.

“Se trataba de salvaguardar la actividad fiscalizadora y legislativa de un Parlamento, frente al poder tanto jurídico como fáctico que tenía el rey en tiempos pasados”, pero que en la actualidad no es patrimonio de “ninguna de las tres funciones del Estado, ni de la fuerza pública que tiene el privilegio de las armas”.

En el ejercicio de la democracia, los procedimientos en Ecuador se ajustan a las alianzas políticas que controlan momentáneamente el poder, o a la predominancia histórica de las FF.AA. sobre la política.

En el caso de Haro, la órbita de los deberes y derechos pueden encontrarse “delicadamente comprometidos por conveniencias o pactos”, afirma Castillo. Sin embargo “no es posible emitir un antejuicio de si ha probado la veracidad de su denuncia, pero debe tener libertad parlamentaria para investigar”.

El problema, para Castillo, radicaría también en los peligros de una demagogia que persistentemente se inventa denuncias que pueden no tener ni pies ni cabeza y que los medios de comunicación dan un relieve inusitado antes de ser resueltas por el propio Congreso.

Pero el tema sigue girando sobre la intervención de las FF.AA. al plantear un juicio y buscar que una mayoría legislativa levante la inmunidad del enjuiciado.

“En el Ecuador, las Fuerzas Armadas y los jefes militares han hecho grandes esfuerzos por ser los garantes de la Constitución y la democracia, pero no lo suficiente; si se tiene en cuenta los gobiernos que han derrocado en la última época, además de que algunos jefes se creen intocables”, concluye Castillo.

¿Cuál la consecuencia del ejercicio de este abuso de fuerza? Que en el futuro la administración pública no pueda ser objeto del reclamo de cualquier ciudadano sin el riesgo de ser acusado de calumniador, responde López, en contraste con lo que ha ocurrido con la Función Judicial, que ha soportado en los últimos tiempos implacables críticas sin que se le ocurra entablar juicio alguno.

Una diferencia entre el comportamiento de uno y otro sector que podría conducir a pensar que se “está militarizando el Estado”, en palabras de López. “Los militares están en la conducción del Gobierno y ahora presionan en el Congreso sobre los partidos políticos”, concluye.