El 14 de enero pasado, la Presidencia de la Unión Europea ha hecho pública una Declaración sobre Ecuador. En ese documento, la UE expresa, en primer término, su respaldo al Gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, a las instituciones democráticas y al pueblo ecuatoriano que expresó libremente sus deseos de cambio en las elecciones de noviembre de 2002. La Unión destaca a continuación la importancia de valores como la democracia, la libertad, la justicia y el buen gobierno, para incrementar la estabilidad, la cohesión social y el desarrollo económico del Ecuador. En tercer lugar, anima al Gobierno a proseguir la política económica aplicada en estos meses, así como las luchas contra la pobreza y la corrupción. En cuarto lugar, la Unión pone de relieve la importancia que reviste un diálogo nacional para reforzar las instituciones democráticas, establecer una presencia más efectiva del Estado en todo el territorio. Finalmente, los países europeos se declaran dispuestos a seguir colaborando con Ecuador en la consecución de esos objetivos.

La declaración de los Quince reviste una enorme importancia política, no existiendo muchos precedentes de una apuesta europea tan decidida a favor del Ecuador. Constituye una prueba del interés con que España, al igual que el resto de Europa, siguen la situación ecuatoriana. Estamos convencidos de que Ecuador, recuperados los valores democráticos en 1979, posee a priori todos los ingredientes necesarios para desarrollar sostenidamente su economía y hacer desaparecer los núcleos de pobreza existentes.

Desde un prisma global, no es  nuevo ni mucho menos el compromiso europeo con Iberoamérica, con la región andina o con Ecuador, el cual responde, en sus raíces, a una historia y cultura comunes. Conviene así recordar que, tras la 1ª Cumbre UE-Latinoamérica celebrada en Río en 1999, se formalizó la creación de una “asociación estratégica” entre ambas regiones, manifestada en hechos tales como que la Unión Europea sea, por ejemplo, el primer inversor y el primer donante en América Latina, o que –en el terreno comercial– conceda un sistema de preferencias generalizadas por el que cerca de un 90% de productos andinos o centroamericanos puedan entrar sin aranceles en su mercado.

Fruto además de la II Cumbre celebrada en Madrid en mayo de 2002, el canciller Patricio Zuquilanda suscribía en Roma, el pasado mes de diciembre, el Acuerdo entre la UE y la CAN sobre diálogo político y cooperación, que va dirigido a reforzar la integración regional, a lograr mayor estabilidad política y social, y a reducir la pobreza. Los países centroamericanos han suscrito un acuerdo similar, y Mercosur se encuentra negociando en estos momentos un acuerdo de asociación con la Unión, que le otorgaría un régimen similar al que ya gozan México o Chile.

Y es que desde ambas partes del Atlántico, se es consciente hoy de que Europa e Iberoamérica se enfrentan a los retos de la globalización, a las oportunidades que ese fenómeno ofrece, así como a las desigualdades que produce. Por ello, la Unión sitúa a la integración regional –el sueño bolivariano– como uno de los ejes fundamentales de su política, y apoya con firmeza estrategias que elaboren los gobiernos tanto para favorecer esos procesos, como para superar crisis ocasionales en las que sus países pudieran encontrarse sumidos.