En referencia al artículo publicado el domingo 11 por el Dr. Jaime Damerval M., en el que hace referencia a la Fundación Malecón 2000, le hago algunas aclaraciones:

Cuestiona la legitimidad de la creación de Fundación Malecón 2000, afirmando que su estatuto fue aprobado por “...presidentes de la República temerosos (Bucaram y Noboa)...”. Debo informarle que los estatutos de la Fundación fueron legítimamente aprobados el 24 de enero de 1997, por el subsecretario de Bienestar Social del Litoral, Ab. Rubén Loor Loor, de conformidad a lo prescrito por la legislación vigente (Acuerdo 2317 del 24  de enero de 1997).

Afirma además, que “es de la escénica de la Fundación que tenga un solo objeto: la beneficencia, es decir la prestación de ayuda gratuita a los necesitados...”. Me extraña que un abogado haga tal afirmación cuando la Constitución Política de la República del Ecuador, el Código Civil y el Reglamento para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro, que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título XXIX del Libro I del Código Civil, facultan a las personas a constituir corporaciones y fundaciones con finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación con fines pacíficos; así también algunos diccionarios jurídicos definen a la Fundación, como persona jurídica de derecho privado creada por iniciativa particular sin ánimo de lucro, que no persigue utilidad, reparto de remanentes o reembolso de aportes, producto del desarrollo de sus objetivos. Es decir que lo primordial de una Fundación privada es el cumplimiento de su objetivo sin buscar un ánimo de lucro.

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La ley no exige que todas las fundaciones deben ser constituidas con una finalidad de beneficencia, pues esto dejaría fuera del marco jurídico a muchas instituciones conformadas para el cumplimiento de otros objetivos como la educación, recreación, etcétera.

Respecto a que se busca la evasión de controles, mediante la utilización de la Fundación, esto está nuevamente alejado de la realidad, pues como es de conocimiento de todos, y particularmente del mencionado columnista, que en reiteradas ocasiones se le ha informado sobre el control que ejerce la Contraloría General del Estado sobre el manejo de los recursos provenientes de las donaciones voluntarias realizadas a favor de Fundación Malecón 2000 y las auditorías interna y externa, la última realizada por la firma Deloitte & Touche.

Si para el Dr. Damerval constituye “un derroche de dineros públicos” la construcción del IMAX, es su opinión personal, no así las de las instituciones que conforman el Directorio de la Fundación, que aprobaron su construcción, con el fin de brindar a la ciudad una atracción educativa y turística.

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Pedro Gómez-Centurión
Gerente General Fundación Malecón 2000
Guayaquil