Origen del lanzacohete

El 16 de octubre del 2003, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, señaló que el cohete M72-A3, usado en el ataque contra el empresario Jorge Visbal, el día anterior, es ecuatoriano. El presidente, Lucio Gutiérrez, envió a un oficial a Bogotá a determinar esa afirmación. Se concluyó que no hay suficientes pruebas. El 13 de noviembre, Colombia insistió en que el artefacto era ecuatoriano. Tres días después, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, ambos hablaron y según Gutiérrez era “un asunto superado”.

Armas a Zimbabue
El 20 de noviembre del 2003, la CT presentó su informe sobre la venta de 660 cohetes rockets, de la FAE a Zimbabue. Indicó que ese material sí llegó al país africano y se descartó que  haya sido desviado a las fuerzas irregulares de Colombia. La Comisión resaltó que hubo falencias antes, durante y después del contrato de la venta de armamento pero no se han iniciado procesos legales.

Polvorín en brigada
El 14 de noviembre del 2003, la CT determinó que fueron fallas técnicas las que incidieron en la explosión del polvorín de la Brigada Galápagos, de Riobamba, el 20 de noviembre del 2002. Responsabilizó de los hechos a oficiales de la brigada; a ejecutivos de la fábrica de Explosivos Santa Bárbara y a la Contraloría. El 24 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia notificó al ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Óscar Isch, y al ex comandante del Ejército, Norton Narváez, del inicio de la instrucción fiscal en su contra por la explosión en el polvorín.

Comisión de Transparencia (CT)
El 22 de septiembre del 2003, el presidente, coronel Lucio Gutiérrez, creó la CT, integrada por Vicente Burneo, Fausto Cordovez, Pablo Baquerizo, monseñor Raúl Vela y Raúl Jaramillo del Castillo, para investigar el robo de armas de los arsenales de las FF.AA. Baquerizo se excusó y Vela no ha firmado los trabajos. Presentó tres informes sobre los polvorines y venta de material bélico, y el cuarto y final lo presentará esta semana.

Explosiones navales
 El 24 de noviembre del 2003, la CT determinó que catorce militares fueron responsables del incendio de material bélico en la Base Naval Sur, de Guayaquil, y la explosión de granadas en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil, ocurridas el 23 y 26 de marzo del 2003. La investigación de los comisionados no determinó una causa específica de los accidentes navales, pero propone tres hipótesis. Una de ellas fue negligencia profesional en el manejo del material bélico en las bodegas militares.

Consejo de Guerra
El 5 de diciembre del 2003, el Consejo de Guerra sentenció con ocho años de reclusión al suboficial Carlos Zeas y con siete años a los sargentos Julio Briones y Adriano Calderón. Los tres fueron acusados de sustraer armamento que supuestamente llegó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los militares aceptaron sus faltas, pero presentaron las apelaciones. El caso está en la instancia final.