Los detenidos sin sentencia, a la espera de libertad

Jueces, abogados y sociedad retardan ejecución de los procesos, según Santiago Andrade, ministro de CSJ.

El retardo en la sustanciación de los procesos y el hacinamiento en las cárceles no es una responsabilidad privativa de los jueces, sino compartida por la justicia, los abogados y la sociedad, en vista a la cultura de la discordia que manejamos, afirmó el ministro juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Santiago Andrade.

La discusión del tema se reactivó ante las protestas matizadas con crucifixiones, huelgas de hambre y coseduras de labios que por más de seis meses realizaron los detenidos en las cárceles del país, quienes exigen su liberación en aplicación de la norma constitucional que determina la libertad de los presos sin sentencia y que permanecieron detenidos por seis meses o un año, dependiendo de la gravedad del delito.

Según el magistrado, el Código de Procedimiento Penal (CPP) antiguo, con cuyas normas se tramitan algunos procesos –iniciados en su vigencia–, permite una serie de dilatorias, por la cadena de incidentes que se pueden generar durante las causas.

La situación se solucionó con la vigencia del nuevo CPP, aunque también pueden crearse incidentes, que en nuestra legislación, dijo Andrade, impiden el progreso de los juicios.

Marcelo Gallegos, del Comité de Internos de la Penitenciaría del Litoral, sostuvo que los incidentes no son generados por los abogados ni los presos, sino por los jueces que dilatan los procesos en inobservancia de la ley.

Andrade expresó que con el nuevo CPP los recursos de los procesos penales se tramitan en las salas de las Cortes Superiores, congestionando el trabajo de estas instancias en Quito y Guayaquil.

Se suma, aseveró, el insuficiente número de esas judicaturas, en relación a los juicios. En Quito, estas salas conocen causas penales, civiles, laborales, de tránsito y de inquilinato, entonces existe un problema del sistema jurídico y de organización judicial.

A su criterio, también los abogados se especializan en hacer incidentes, pese a que son auxiliares de la justicia y que su trabajo debe dirigirse a conseguir una solución justa de las controversias. “Los abogados complican las cosas para cobrar más honorarios. Corregir esto implica una reingeniería de profesionales”, dijo.

Explicó que la detención en firme, vigente desde enero del 2003, es un retroceso para la justicia, pues viola el derecho a la libertad.

Andrade también reconoció la existencia de buenos y malos jueces en las diferentes cortes del país. De estos últimos, comentó que se encargan de complicar las cosas para obtener una coima, aunque actualmente la remuneración, sin ser extraordinaria, permite vivir honestamente.

María Leonor Jiménez de Viteri, ministra jueza de la Cuarta Sala de la Corte Superior de Guayaquil, concide con Andrade y agregó que “se hizo abuso de la prisión preventiva y se llenaron las cárceles”, por la inobservancia de algunos magistrados.

Reos pedirán libertades en forma masiva

Representantes de los comités de internos de las cárceles de Guayaquil y Quito, de hombres y mujeres, informaron ayer que hoy van a presentar peticiones masivas de libertad para reos sin sentencia, en las cortes superiores de ambas ciudades.

Marcelo Gallegos, del Comité de Internos del Centro de Rehabilitación de Varones de Guayaquil, indicó que lo harán hoy porque tienen conocimiento de que la resolución adoptada el miércoles pasado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que favorece a los reos sin sentencia detenidos antes del 13 de enero del 2003, supuestamente será publicada en el Registro Oficial de hoy.