Ecuatorianos, colombianos y peruanos se sitúan a la cabeza del más de medio millón de latinoamericanos con permiso de residencia en España, con lo que esta comunidad se coloca en primera posición entre los inmigrantes regulares, superando incluso a los procedentes de países de la UE.
 
De los 1.647.011 extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en España en diciembre pasado (24,4 por ciento más que en el mismo período de 2002), 514.485 son iberoamericanos, seguidos de los africanos (432.662) y ciudadanos de países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (406.199), según un informe de la Delegación del Gobierno para la Extranjería e Inmigración presentado hoy.
 
Luego están los europeos no comunitarios (154.001), los asiáticos (121.455) y, ya lejos, los norteamericanos (16.163) y los de Oceanía (1.018), mientras que de 1.028 personas no consta la nacionalidad.
 
Aunque por países Marruecos es el Estado con más ciudadanos con permiso de residencia en España (cerca de 334.000), por áreas geográficas Latinoamérica se coloca en primera posición, con 174.289 ecuatorianos en esta condición (51,16 por ciento más que en diciembre de 2002), 107.459 colombianos (50,85% más) y 57.593 peruanos (47,63 por ciento).
 
También se registró un importante incremento de argentinos con tarjeta o permiso de residencia en España respecto a 2002 (+55,16 por ciento), con 43.347 ciudadanos.
 
Entre los dominicanos 36.654 tienen esa situación (13,09 por ciento más que en diciembre de 2002), 27.323 cubanos (+12,78%), 14.598 brasileños (+13,15%), 13.162 venezolanos (+23,77%) y 10.869 chilenos (+31,63%).
 
Los latinoamericanos viven preferentemente en Madrid y su región (cerca de 174.000), Cataluña (más de 99.600), Comunidad Autónoma Valenciana (unos 41.400), Andalucía (36.000) y Canarias (29.500).
 
El delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, Gonzalo Robles, quien declinó hacer estimaciones sobre el número de extranjeros que viven ilegalmente en España, dijo que unas 30.000 personas obtuvieron la residencia mediante la reagrupación familiar.
 
Todo ello conllevó un incremento del número de extranjeros afiliados y en alta laboral en la Seguridad Social, hasta superar los 963.000 (15,79 por ciento más que en diciembre del año anterior), siendo también los más numerosos los latinoamericanos, con un 34,92 por ciento.
 
Entre los primeros doce países con más trabajadores afiliados a la Seguridad Social, encabezados por Marruecos, hay cuatro países iberoamericanos: Ecuador en segunda posición (140.280), Colombia en tercera (66.749), Perú en séptima (37.281) y Argentina en décimo segunda (23.280).
 
También el número de demandantes de empleo extranjeros en España registró un aumento del 15,82 por ciento, hasta rozar los 140.000, y, de acuerdo con la nacionalidad, marroquíes, ecuatorianos y colombianos suponen el 42,31 por ciento del total de ellos.
 
En la otra cara de la moneda, dentro de la lucha contra la inmigración ilegal en 2003 fueron repatriados más de 92.600 extranjeros en situación irregular (un 20,18 por ciento más que el año anterior), sobre todo rumanos, marroquíes, búlgaros y ecuatorianos (6.476).
 
En 2003 también se reforzó la lucha contra las redes que trafican con inmigrantes y se procedió a la desarticulación de 677 bandas, con la detención de más de 2.000 responsables.
 
La Delegación para la Extranjería e Inmigración, dependiente del Ministerio español del Interior, recordó que por primera vez el año pasado se llevó a la práctica el proyecto de retorno voluntario de aquellos extranjeros que no han podido integrarse en el mercado laboral español y que carecen de recursos para volver a sus países, programa del que se han beneficiado 150 personas.
 
Por otra parte, se intensificaron los esfuerzos para mejorar la gestión de las oficinas encargadas de la tramitación de expedientes para la obtención de permisos de residencia y trabajo en España.
 
Así, se procedió a la apertura de oficinas laborales en Ecuador, Polonia y Rumanía, que se unieron a las existentes en Colombia, República Dominicana y Marruecos.
 
Para favorecer la inmigración legal, España incrementó la financiación para la puesta en marcha de medidas dirigidas a la integración en sectores como el sanitario o el educativo.
 
A todo ello hay que sumar la reforma de la Ley de Extranjería española, que obliga a los transportistas a informar de los pasajeros que viajan a España y no utilizan el billete de vuelta, confiere al visado la validez de permiso de trabajo y residencia, tipifica como infracción muy grave el tráfico de personas y establece un visado de tres meses para búsqueda de empleo.