La defensora de los afectados, Vilma Torres, dijo que en Galápagos no existe rehabilitación psicológica de los menores abusados, ni de sus familias. Indicó que en Ecuador existen más de 5.000 organizaciones entre estatales y no gubernamentales, y que pocas han mostrado interés para colaborar, aunque ninguna ha concretado un plan urgente de atención mental para los chicos.

Los familiares de los afectados y la comunidad de Galápagos demandan la atención del Gobierno y de sus  instituciones especializadas para impulsar un plan emergente de ayuda, según  lo estipulado en el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia.