Al rendir indagatoria ante la Fiscalía en Bogotá, donde se halla recluido desde el sábado bajo fuerte custodia del Ejército, Palmera –que no ha sido pedido en extradición por Estados Unidos– rechazó los demás cargos, reveló Silva.

“Él declara que está en rebeldía contra el Estado y no acepta ningún otro cargo”, precisó el abogado, quien asumió la defensa del jefe rebelde pese a tener un hermano secuestrado por las FARC desde hace dos años.

La primera sesión de la indagatoria trató el secuestro del ex gobernador del departamento de Meta, Alan Jara, cometido el 15 de julio del 2001 cuando viajaba en un vehículo de la ONU y se reanudará por la tarde con el caso de la masacre de 119 civiles efectuada en la aldea de Bojayá el 2 de mayo del 2002.

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“El delito político está determinado; él lo reconoce. Lo que no puede reconocer son los delitos conexos que se le quieren endilgar como miembro, según los fiscales, del Estado Mayor de las FARC”, aseveró el jurista.

El lunes, el número 2 de las FARC, Raúl Reyes, sostuvo que Palmera no es miembro del Estado Mayor Central, ni del Secretariado de las FARC, ni comandante del Bloque Caribe –que opera en el norte– y tampoco jefe de finanzas de la organización.

“Hemos insistido en que Simón Trinidad no hace parte del Estado Mayor ni del Secretariado; por lo tanto no le son imputables hechos que se le endilgan a la cúpula de las FARC. Es simplemente un ideólogo. No tenía manejo de tropa, no comandaba hombres y no estuvo en los lugares en donde se produjeron los hechos”, sostuvo Silva.

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El abogado defensor anunció que pedirá a la Fiscalía que acumule todos los procesos en  uno solo para reducir los tiempos de los trámites judiciales, al señalar que es inútil seguirlos separadamente. “Los delitos de los que se le acusa son tan graves que si es condenado por solo uno de ellos podría pasar el resto de su vida en la cárcel”, explicó.

Palmera, de 53 años, también tiene medida de aseguramiento porque, como jefe del Bloque Caribe, es acusado de ser autor intelectual del secuestro y asesinato en septiembre del 2001 de la ex ministra de Cultura de Colombia, Consuelo Araújonoguera, familiar suya.

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Según el fiscal general, Luis Camilo Osorio, los cargos podrían implicar condenas de hasta 60 años de cárcel.

El ministro de Defensa, Jorge Uribe, afirmó que Trinidad “es un criminal”.