La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu) denunció, el sábado pasado, que el intendente de Policía de Pichincha, Fabián Villarruel, mantiene detenidos a dos ciudadanos iraquíes desde el 30 de septiembre del 2003 pese a contar con el estatus de refugiados.  En una carta enviada al presidente, coronel Lucio Gutiérrez, el organismo demanda el cumplimiento de la Convención que, desde 1957, norma el refugio. El artículo 26 de dicho instrumento sostiene que los refugiados tienen el derecho a escoger su lugar de residencia y a circular libremente.

Amer Jacoab y Abber Toma fueron detenidos el 25 de agosto del 2003, por encontrarse ilegalmente en el Ecuador, habían estado amparados por la parroquia Don Bosco de Quito.  El 30 de septiembre pasado, la Cancillería les otorgó protección y regularizó su condición migratoria al concederles el estatus de refugiados. Pese a ello, Villarruel –advierte la Aldhu– no dispone su liberación del Centro de Detención Provisional.

El 31 de diciembre del 2003, el ministro de Gobierno, Raúl Baca, envió un oficio al intendente para solicitarle la inmediata libertad de los ciudadanos iraquíes y pedirle que le informe del cumplimiento de lo solicitado. Dos días antes, Baca recibió una notificación del canciller, Patricio Zuquilanda, en la que le informa que ambos ciudadanos fueron reconocidos temporalmente como refugiados y tienen, por tanto, los mismos derechos y obligaciones de los demás ciudadanos extranjeros residentes legalmente en el país.