Los impactos que al país causaron los fenómenos relacionados con el armamento de la fuerza terrestre, tienen que ser atendidos con una información que la percibimos en vías de cumplimiento.

La comisión que trabaja en este asunto ha declarado que en la explosión de la brigada Galápagos de Riobamba, no existen indicios de salida ilícita de armas como venta o disposición para los grupos irregulares del conflicto colombiano.

En la venta de armas a Zimbabue, el hecho de no encontrar motivos para presumir incorrecciones, sin embargo, deja en pie un gran interrogante nacional.

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De manera precisa hay que conocer cómo resultó, de ganancioso o mediocre, ese comercio. Legal, como se da a entender, pero necesitado de informar al país sobre la categoría de su ganancia. Deben existir frutos de esa relación. Necesitamos un trabajo de otra entidad especializada con comisionados conocedores de esa transacción.

Bien ha hecho la comisión llamada de Transparencia, en indicar que, al cumplir su labor, las decisiones definitivas para entender sin confusiones qué sucedió, deben desprenderse de la superioridad gubernamental.