Ecuador puede tramitar extradición de Emanuel, según dos diplomáticos

Luego de iniciadas las investigaciones en junio del 2002, el presidente subrogante de la CSJ, Alfredo Contreras, emitió el 24 de agosto del 2002 una orden de prisión en contra de Emanuel.

Mientras que, el 18 de octubre del mismo año, la ministra fiscal, Mariana Yépez, entregó a la CSJ el dictamen acusatorio en contra del ex ministro por falsificación de documentos, cohecho y concusión.

Gustavo Rodríguez, abogado de Galo Farfán, otro de los presuntos implicados en el trámite ilegal de asignaciones especiales para los municipios, confirmó que contra Emanuel existe una orden de detención en firme y advirtió que la Segunda Sala de lo Penal de la CSJ, en donde se encuentra el caso, no ha resuelto durante más de seis meses el recurso de nulidad presentado por los acusados.

La Segunda Sala está integrada por Milton Moreno Aguirre, Arturo Donoso y Jorge Andrade Lara.

La orden de detención en firme es un requisito, comentaron los ex cancilleres José Ayala Lasso y Julio Prado Vallejo, para que el Gobierno ecuatoriano inicie un trámite para solicitar la extradición de Emanuel desde Panamá, cuyo gobierno le concedió esta semana un asilo político.

Ambos diplomáticos sostuvieron que si Ecuador decide pedir la extradición del ex ministro será el Gobierno de Panamá el que decida si revierte o no su decisión para permitir el retorno de Emanuel.

El martes pasado, durante la mañana, el canciller ecuatoriano, Patricio Zuquilanda, se comunicó con la Embajada de Panamá en Quito para obtener una confirmación de la noticia que había sido difundida ese día: Emanuel recibió el asilo mediante el decreto ejecutivo 270, suscrito por la presidenta panameña, Mireya Moscoso.

Solo al finalizar la tarde, en una rueda de prensa, Zuquilanda informó sobre el tema luego de recibir una notificación verbal del Gobierno de dicho país.

Ayala Lasso recalcó que, normalmente, los gobiernos están enterados cuando sus similares están tramitando un pedido de asilo de uno de sus ciudadanos. El Estado asilante, explicó, generalmente pide todo tipo de información antes de pronunciarse.

El país centroamericano pudo obtener información, advirtió el ex canciller, a través de su Embajada.

Zuquilanda comunicó el martes pasado al Presidente de la CSJ y a la titular de la Fiscalía sobre la concesión del asilo; es a la Función Judicial, dijo el Canciller, a la que le compete tomar una decisión sobre un posible pedido de extradición.