La iniciativa forma parte de la reforma, la tercera que el gobierno de José María Aznar acomete en esta legislatura, y con la que, según el Ejecutivo, se trata de fomentar la inmigración legal y luchar contra el tráfico de indocumentados.

El objetivo último, según el gobierno español, es detectar las rutas calientes de la inmigración ilegal, muchas de ellas localizadas en países de América Latina, y evitar que permanezcan irregularmente en España personas que entran bajo la apariencia de turistas.

Las compañías de transporte deberán informar sobre los pasajeros que viajan a España y después no utilizan su billete de vuelta. Estas empresas tendrán que hacerse cargo de los viajeros que no han sido aceptados en el país de destino y deberán tramitar su retorno, al lugar del que salieron.

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La reforma impide la reagrupación en cadena, como acostumbraban los latinos.