La persecución y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos en América Latina son todavía una "norma", a pesar de los avances democráticos registrados en la región, denunció este lunes Amnistía Internacional (AI).
 
"Después de la transición a la democracia vivida en la mayoría de los países latinoamericanos (durante las décadas de los años 80 y 90), la necesidad de silenciar a los críticos del sistema sigue imperando", sostuvo la secretaria general de AI, Irene Khan, en una rueda de prensa en Río de Janeiro.
 
Khan presentó durante su visita a Brasil un informe elaborado por esa organización sobre el trabajo de los defensores de los derechos humanos en el continente americano, en el que se constató que "la persecución ha llegado otra vez a niveles alarmantes".
 
El informe cita casos puntuales y "muy preocupantes" en América Latina y el Caribe, regiones en las que, según AI, se ha registrado el mayor aumento de "ejecuciones" de activistas de derechos humanos en el mundo.
 
"En América Latina y el Caribe, la tarea de denunciar a los estados, e inclusive a la elite política, militar y económica, sigue siendo peligrosa", asegura el informe.
 
Khan explicó que el "legado de horror" de las dictaduras que en los años 60 y 70 gobernaron en la región ha creado en algunos casos una suerte de "insensibilidad" en relación a los abusos.
 
"Mucho defensores de los derechos humanos están tan acostumbrados a las amenazas, las intimidaciones y la muerte que hasta dejan de denunciarlas", afirmó la secretaria general de AI.
 
El documento presentado por Khan señala "graves situaciones" en Jamaica, Guatemala, México, Colombia, Cuba, Ecuador y Haití, países en los que han sido asesinados o sufrido atentados "decenas" de activistas.
 
Khan citó con particular preocupación el caso de Colombia, donde dijo que en medio del conflicto interno "al menos quince defensores de los derechos humanos y sindicalistas han sido asesinados" desde agosto de 2002.
 
Denunció además la "represión desmedida" y la "brutalidad" contra manifestantes que en los últimos dos años salieron a las calles para protestar contra los gobiernos en República Dominicana, Argentina, Paraguay y Bolivia.
 
"Las pruebas recogidas sugieren que la fuerza excesiva y brutal a veces es empleada para prevenir o impedir, de modo deliberado, que las personas ejerzan su derecho a la reunión pacífica, o para perseguir a presuntos críticos de los gobiernos, defensores de los derechos humanos y activistas sociales", dice el informe.
 
En ese sentido, destaca que la violencia policial contra quienes deciden reclamar sus derechos mediante "manifestaciones esenciales y legítimas" no es exclusiva de América Latina y el Caribe.
 
El informe registra los casos de "represión desmedida" y "uso excesivo de la fuerza" sufridos por los participantes en protestas contra la guerra en Irak registradas entre abril y marzo pasado en Estados Unidos.
 
También cita los "excesos" de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones de los activistas contra la globalización en Québec (Canadá), en ocasión de la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2001.
 
La secretaria general de AI dijo que, en el caso de América Latina y el Caribe, los activistas de los derechos humanos también deben luchar ahora contra el estigma de "defensores de presos y delincuentes" que les han creado tanto autoridades como ciertos sectores de la prensa.
 
"Con ese estigma cargan, sobre todo, quienes quieren dignificar las condiciones de reclusión en las cárceles. Esas descalificaciones al trabajo humanitario constituyen otra violación de los derechos humanos", afirmó Khan.
 
Sin embargo, sostuvo que el gran obstáculo para la defensa de los derechos humanos en América Latina son todavía la impunidad y la inexistencia de un auténtico compromiso político.
 
"La falta de una sincera voluntad política para acabar con la impunidad y la corrupción constituye un freno para los organismos de derechos humanos y sus miembros, que son los eslabones más débiles en las cadenas de los abusos", afirmó.