Las organizaciones sociales tienen, desde hoy, ocho días para impugnar la nómina de aspirantes a jueces.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dará marcha atrás en el proceso de cooptación (elección de jueces) pese a las denuncias de injerencia política en la preselección de candidatos y a las quejas por no flexibilizar la presentación de los documentos que debieron reunir los aspirantes a magistrados.

Desde hoy se cuentan los ocho días hábiles que tienen las organizaciones sociales para presentar las objeciones a los aspirantes a jueces, tras la publicación (ayer) de la nómina , en los diarios de circulación nacional.

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Por el momento, la preocupación de los dos grupos de magistrados, identificados con la centroizquierda (CI) y el Partido Social Cristiano (PSC), se refiere a la necesidad de establecer una mecánica que reúna las dos terceras partes del pleno (31 integrantes); es decir 21 votos, para concretar la designación.

Esto, tomando en cuenta que la CI y el PSC, individualmente, no reúnen ese número, (el primer grupo cuenta con 15 votos y el segundo con 16); cifras que podrían variar, si se aprueba la participación o no de los conjueces principalizados en el pleno.

Dichos conjueces, que actúan como titulares, y que aspiran a uno de los tres puestos de la CSJ, podrían votar para llenar las vacantes en las salas en que ellos no fueron candidatizados.

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Ello en razón de que las normas legales les impiden votar en asuntos que sean de su interés personal.

Al respecto, aún no hay una resolución oficial del pleno; pero de acogerse estas ideas, Clotario Salinas (CI) y Armando Serrano (PSC), candidatos a la Sala de lo Contencioso, excepto para esa sala, podrán participar en la designación de las vacantes para las salas Penal y Civil.

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Mientras, el conjuez Jorge Andrade Lara sí podrá votar por haber sido descalificado en la preselección.

Para salvar estos inconvenientes e impedir un eventual reparto de puestos al final del proceso, los magistrados estudian la probabilidad de votar por tres candidatos de la nómina, para que la elección se concrete entre los dos finalistas con más respaldo.

Si esos candidatos no obtienen las 21 adhesiones, se pasará al tercer candidato y luego al cuarto.

Tampoco se deja de lado la posibilidad de que en el periodo de impugnaciones, que vence el 19 de noviembre, sean cuestionados una gran mayoría de candidatos, con lo cual el proceso podría quedar estancado.

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Tras la etapa de recepción de impugnaciones, las comisiones tienen ocho días hábiles para estudiar las mismas y otro plazo igual, para resolverlas. En total, 24 días laborables.