Cuando escucho la publicidad del bono de desarrollo humano, pienso en la cantidad de dinero que deben invertir las madres, los ancianos y los discapacitados para:

Ir a las mesas de información, verificar si constan o los han borrado de las listas; pasar a las mesas de registros para que los anoten (hay que pagar la movilización y hacer cola).

Las madres deberán llevar a sus hijos cada dos meses a un centro de salud (bastante alejado del sector), hacer otra cola interminable, entregarle al médico la cartilla para que le retire el tique de atención por cada hijo (hay que pagar la movilización de cada familia). De ahí, perseguir al director o profesor de la escuela para que le certifique que los niños no han tenido seis inasistencias (hay que pagar la movilización de toda la familia a la escuela).

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Luego, cancelar en el Registro Civil toda la documentación que piden, a más del costo de transporte al banco para por fin recoger la limosna.

Y para colmo, culmina la cuña: “Solicite información llamando a la línea...”; se olvidaron que tratan con seres de extrema pobreza que no poseen teléfono.

¿Es justo que se humille tanto solo por $ 15 o $ 10 mensuales? ¿Cómo pretende el gobierno aplicar la frase “No pobres. Productivos”, si los beneficiarios deben gastar mucho más de lo que les van a dar? ¿Cuál es el fundamento del bono, hostigarlos hasta que desistan del trámite?

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Igual rumbo está tomando el IESS: pone como carnada el préstamo hipotecario con requisitos imposibles de cumplir para boicotear el Seguro Social Municipal, cuando este será el único proyecto concreto que dará trabajo a la clase media de Guayaquil.
Mayra Camposano Costa
Guayaquil