La falta de claridad en la ley contra las drogas castiga a consumidores con penas excesivas, según expertos.

La posesión de “escasas cantidades” de droga fue despenalizada en el año 1998, cuando el artículo 65 de la Ley de Estupefacientes, que sancionaba con prisión de un mes a dos años a quienes sean considerados como “consumidores”, fue derogado. Sin embargo, los juzgados penales están llenos de casos de personas encarceladas por haber sido encontradas con menos de un gramo de marihuana, cocaína o base de cocaína.

Según la Confraternidad Carcelaria, uno de esos casos es el de Mauricio Castro Borbor, de 21 años, quien trabajaba lavando vísceras en el camal municipal. Los documentos señalan que un día llegó al lugar con la intención de vender un pedazo de carne que alguien le regaló, pero que un policía metropolitano le prohibió el paso por no tener permiso, y tras un fuerte altercado, Castro se retiró.

Tres días después, el pasado 3 de mayo, el joven pasaba por el lugar cuando el mismo policía llamó su atención y le pidió acercarse. Entonces, aparecieron otros tres gendarmes, quienes lo registraron y le encontraron 0,5 gramos de marihuana en el bolsillo.

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El joven fue trasladado al Centro de Detención Provisional (CDP) y, luego de que el juez 14º de lo Penal, Marco Torres, ordenó su prisión preventiva por tenencia ilegal de drogas, pasó al Centro de Rehabilitación Social de Varones, donde ha permanecido desde hace cinco meses.

“La ley ecuatoriana no especifica cuál es la cantidad mínima de sustancias fiscalizadas que se consideran para consumo y no distribución, por lo que la sanción es bastante subjetiva”, dijo el abogado penalista Giancarlo Almeida.

Sobre los farmacodependientes, agregó que “al haberse derogado el artículo 65, los toxicómanos no deben ser procesados ni sancionados”.

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Para determinar el grado de adicción o toxicomanía del implicado, el Ministerio Público exige que el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) le practique un examen psicosomático.

“El examen cuesta 25 dólares y muchas personas no tienen el dinero para realizarse la prueba, lo que es tomado por los fiscales y jueces como una excusa para ordenar la prisión de los implicados”, dijo el abogado Fernando Lalama, de la fundación Confraternidad Carcelaria.

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Tal es el caso de Castro, contra quien el fiscal Andrés Piedra emitió un dictamen acusatorio en el que pide que sea sentenciado por narcotráfico, “debido a que aún no se comprueba que el detenido sea consumidor de drogas”. Si el juez 14º de lo Penal acepta la petición, Castro podría ser sentenciado a 16 años de prisión, a pesar de que asegura ser solo consumidor.

DERECHOS
LIBERTAD
Ninguna persona será privada de su libertad por parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización.

ASISTENCIA MÉDICA
La Policía debe trasladar a un centro asistencial a cualquiera que parezca estar bajo los efectos de sustancias tóxicas.

COMUNICACIÓN
Si el implicado estaba en posesión de alguna droga y es arrestado tiene derecho a hacer una llamada telefónica.

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